El sector privado dijo que la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica “lastimará profundamente” y generará daños irreversibles en materia económica y ambiental al país, por lo que pidió al Poder Legislativo reflexionar los efectos adversos que puede tener para las inversiones y las finanzas públicas porque se requerirán más subsidios.
En un comunicado difundido esta noche, el Consejo Coordinador Empresarial ( CCE ) considera que “la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, las finanzas públicas y a la competitividad del país”.
Adicionalmente la propuesta violará tratados internacionales que firmó México e irá contra el principio de no retroactividad de las leyes y significará una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares o bien se expondrá a reclamo de indemnizaciones y arbitrajes internacionales.
E implica un alto costo presupuestario al subir los costos de producción y requerirse fuertes inversiones del Estado para garantizar el suministro eléctrico.
La propuesta pretende que el único actor que pueda abastecer de energía eléctrica en todo el país sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ello el CCE afirmó que el problema que observa es que los mexicanos estarán obligados a adquirir energía a CFE “sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea”.
En materia ambiental el sector empresarial aseguró que también preocupa que se permitirá que sigan operando plantas obsoletas y contaminantes que operan con carbón, diésel y combustóleo.
Mientras que las plantas del sector privado dejarán de operar, aunque son las más modernas, limpias y eficientes, expuso el CCE.
Las plantas de CFE podrán “incrementar su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes”.
“La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación. Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables.
“Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos. De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático”, planteó el CCE.
Con este planteamiento la CFE perderá montos crecientes de recursos y requerirá de más subsidios, lo que es contrario a la promesa presidencial de no aumentar los niveles de endeudamiento.
El esquema de operación que se propone para la industria eléctrica en la iniciativa de reforma impactará negativamente los costos de producción de la industria, lo que se traducirá en alza de precios de los productos y aumento de la inflación, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales ( Concamin ), José Abugaber.
Para el líder de los industriales darle a Comisión Federal de Electricidad control absoluto de la industria eléctrica va contra los compromisos internacionales que tiene el país y pueden generarle litigios.
“Observamos un retrocesos hacia una figura de control absoluto para la CFE contraviniendo los tratados internacionales, quedando en imposibilidad de cumplir con los compromisos ambientales de México con altas posibilidades de ser llevado el tema a los tribunales internacionales”, explicó Abugaber.
Además, argumentó, se puede generar una mayor contaminación al producirse con combustibles fósiles, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiopulmonares para los mexicanos y que representa un detrimento de su calidad y esperanza de vida.
“Impacta negativamente los costos de producción de la industria, obligando a subir los precios de todos los productos, aumentando los niveles inflacionarios de la economía y, en consecuencia, erosionando el poder adquisitivo y calidad de vida de las familias mexicanas”, expuso.
Al respecto, Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que “la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica constituye una amenaza para la competitividad, las finanzas públicas y el medio ambiente”.
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