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El costo de un programa para la entrega de smartphones a personas que no tienen acceso a internet desde su celular es de aproximadamente 9 mil 800 millones de pesos, dijo Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
La cámara propuso al gobierno “diseñar un mecanismo donde podamos, inclusive, compartir costos entre industria y gobierno para poder entregar los dispositivos de acceso a estos usuarios, los más rezagados económicamente”, expresó De la Cruz durante la Convención Nacional de la Canieti 2018.
La idea surgió tras cuestionarse “¿cómo podemos ayudar y ser copartícipes con el nuevo gobierno para poder generar una mayor inclusión digital? Nos preocupan todavía esos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet, y para eso hay una propuesta específica”.
De la Cruz precisó que existen aproximadamente 27 millones de personas que usan redes 2G para comunicarse de manera telefónica o con mensajes de texto, pero no tienen dispositivos inteligentes que puedan darles acceso a internet.
“Lo que estamos planteando como industria es: ¿por qué no buscamos un mecanismo replicando lo que se hizo con el apagón analógico? y ayudando sobre todo a los estratos más bajos de la población a poder adquirir dispositivos inteligentes y migrar a estos 27 millones de usuarios al uso de redes 3G, 4G, LTE que les permita tener acceso a internet a través de la tecnología móvil”, señaló.
Este proyecto puede ser un mecanismo de inclusión digital y social para los segmentos más bajos.
Asimismo, siguiendo el ejemplo del apagón analógico de la televisión abierta se usarían los padrones de programas sociales para elegir a los beneficiarios, comentó De la Cruz.
Piden secretaría TIC. Como industria, el presidente de la Canieti reiteró que están a favor de la creación de un organismo para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) “que agrupe todas estas políticas públicas y que permita contar con un diseño institucional para tener mayor coordinación y eficiencia”.
Este modelo se está desarrollando en Colombia, ejemplificó De la Cruz. “Seguimos creyendo en el organismo único en materia de TIC, creemos que es el camino adecuado”, aseveró.
En cuanto a los recursos que se destinarán al sector, subrayó que políticas públicas como Prosoft y México Conectado son ejemplos de casos de éxito en los cuales, aplicando de manera estratégica los recursos, se logra un efecto multiplicador.
Además, pidió al próximo gobierno que concrete la reforma en telecomunicaciones iniciada en la presente administración.
“La propuesta central es consolidar las acciones de la reforma en telecomunicaciones para fomentar una mayor competencia”, indicó De la Cruz.
Denuncian clausuras. La Canieti expuso que en algunos municipios de de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua y Sonora se clausuran de manera ilegal las instalaciones en las que hay antenas de telecomunicaciones.
“Los municipios son asesorados por despachos jurídicos que les indican a los presidentes municipales que pueden obtener beneficios económicos al clausurarnos estas instalaciones”, explicó De la Cruz.
Con estas clausuras se dañan las antenas, los equipos, se cortan las fibras y quienes “pagan los platos rotos” son los ciudadanos de esos municipios, dijo.
