El organismo que aglutina a las más grandes empresas constructoras del país, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( CMIC ) se sumó a la defensa del Instituto Nacional Electoral ( INE ).
A través de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de la cámara externó su defensa a la democracia electoral y las libertades, también se pronunció por el “no a la desaparición del INE y del TRIFE , garantes del voto ciudadano”.
Incluso consideró que la elección de consejeros y magistrados electorales por votación popular “pondría en riesgo la autonomía e integridad del sistema electoral”.
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Sostuvo que, en sus 70 años de vida, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) nunca ha calificado ni descalificado las propuestas en función del color político que las promueve, pero siempre ha defendido los valores de libertad, democracia, justicia, Estado de Derecho, federalismo y equilibrio de poderes porque fortalecen a México y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.
Con sus imperfecciones, la transición democrática de México, iniciada hace tres décadas, dio lugar a elecciones libres, un sistema plural y competitivo de partidos políticos; instituciones electorales ciudadanas y autónomas; alternancia política en los tres órdenes de gobierno, en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; transparencia, certeza y confiabilidad de los resultados electorales.
Reconoció que siempre hay espacio para mejorar, desde su creación las instituciones electorales del país han sido garantes del cumplimiento de la ley y del respeto al voto popular.
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Por ello, la cámara expresó “profunda preocupación en torno a la Iniciativa de reforma constitucional formulada por el Ejecutivo Federal mediante la cual se proponen, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), y la creación de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que centralizaría todas las actividades electorales, con elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular, alterando además el financiamiento a los partidos, las reglas de representación política y la composición de los órganos legislativos”.
En particular, dijo, consideramos que la elección de consejeros y magistrados a través de elecciones populares convertiría al árbitro electoral en un jugador más del escenario político, poniendo en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, haciendo a éstas, además, vulnerables al financiamiento de grupos políticos, económicos o del crimen organizado”.
Además, un sistema de representación legislativa puramente proporcional (que elimina la elección directa en distritos uninominales) rompería el vínculo de los representantes populares con las y los ciudadanos, dando más poder a las dirigencias partidistas y menos poder a la ciudadanía.
En tales circunstancias, pidieron a las y los representantes populares en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la Iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el Ejecutivo Federal ha turnado al poder legislativo porque ésta pone en riesgo los avances de la transición democrática mexicana, amenaza la integridad del sistema electoral y reduce el poder de la ciudadanía.
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vcr/mcc