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El Congreso de Baja California pretende aprobar este miércoles el censo de vehículos ilegales mediante el pago de mil pesos por trámite, con lo cual podrían circular libremente.
En un comunicado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ( AMDA ) advirtió que este censo les otorgaría a los vehículos importados de contrabando algunos derechos como placa y tarjeta de circulación .
El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas y remolques, sin importar el tipo de combustible que utilicen.
“La iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California contraviene el marco jurídico federal”, aseguró AMDA.
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La Asociación refirió que el 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones:
Verificar la legal estancia de los vehículos y en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos. Así como negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.
Sin embargo, el 30 de diciembre de 2019, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez , remitió al Congreso del estado una iniciativa de ley que crea el “Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.
El Instituto crearía un mecanismo paralelo que sistematizaría un procedimiento que fomenta la ilegalidad de los vehículos.
AMDA que se estarían legalizando entre 150 mil y 500 mil vehículos con este censo.
La Asociación solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el estado de derecho en el país y que sea observada la supremacía normativa existente.
Así como el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el gobierno de Baja California y la SHCP para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales; ya que el censo viola el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
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