La iniciativa para regular la subcontratación en México no afecta a las empresas que están en regla, asegura Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, firma global dedicada a la administración de recursos humanos.
El plan va sobre las organizaciones y personas físicas que se aprovechan de ese esquema para explotar a los trabajadores y evadir impuestos, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.
El outsourcing ha ganado terreno y se constituye como un tema polémico del mercado laboral por las irregularidades que presenta.
En 10 años, el número de trabajadores que laboran bajo esa figura prácticamente se duplicó, al pasar de 3.7 millones en 2009 a poco más de 6 millones en 2018, lo que representa 17.1% de la población ocupada en el país, de acuerdo con datos de censos económicos.
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Sin embargo, hay quienes calculan que este monto puede ser superior, debido a que gran parte se encuentra laborando bajo esquemas fuera de la ley.
El especialista explica que las utilidades de las compañías formalmente constituidas van hacia 4%: “Las empresas informales que dejan de pagar las cargas sociales simplemente de eso se llevan más de 35%, entonces es un negocio enorme dejar de pagar impuestos en este país.
“La subcontratación informal es un negocio millonario, sus ganancias ilegales están de por medio y por eso estos negocios fraudulentos andan moviendo el agua al decir que la iniciativa va contra todo el outsourcing, pero la propuesta legal (...) va contra el que elude al fisco y a los derechos laborales”.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa de ley establece que quedaría prohibido simular la facturación de los servicios de tercerización de otra forma, por lo que va a haber una persecución contra los evasores que falsean sus ingresos, reportando otras actividades que no corresponden a su realidad, por ejemplo, “diciendo que venden árboles sin precisar que el costo incluye la mano de obra.
“Son muy listos para darle la vuelta fiscalmente a la facturación, pero una vez prohibida la simulación con la reforma habrá forma de ir por ellos no sólo por el lado laboral, sino también por el fiscal”.
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El directivo detalla que la iniciativa de ley irá contra las organizaciones que ni siquiera tienen registrado en su actividad preponderante, ni en su acta constitutiva y mucho menos ante el SAT, que se dedican a dar el servicio de tercerización de personal.
Menciona que muchos de esos negocios se ocultan, algunos como despachos contables, prestadoras de servicios, sindicatos, cooperativas o simplemente como personas físicas con actividad empresarial.
Hay muchas empresas que incluso cuentan a su propia compañía de subcontratación (insourcing) como una filial para administrar su nómina, con el principal objetivo de no pagar compromisos como las Participaciones de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU), lo que representa 10% de sus beneficios.
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En opinión del directivo, prácticamente todas las grandes firmas tienen un insoursing, por lo que están muy inconformes con la posibilidad de que sea ilegal contar con una filial de esta naturaleza.
¿Qué pasa si no se regula?
El especialista comenta que seguirá la precariedad en el trabajo, porque las personas que laboran en estas empresas fraudulentas no cuentan con las prestaciones a las que por ley tienen derecho. Son trabajos temporales y los liquidan sin darles lo que les corresponde.
Afectan también a toda la sociedad, porque los servicios de salud con los que deben contar los empleados y sus familias son deficientes, debido a que estas empresas no cubren las cuotas al IMSS de las personas que tienen a su cargo.
Además, los recursos son insuficientes ante las necesidades de los trabajadores y sus familias en materia de salud.
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