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Al menos 5 mil burócratas tienen listos amparos contra la Ley de Austeridad Republicana, la cual les impide trabajar en el sector privado hasta después de 10 años de haber dejado el cargo en el gobierno.
Se trata de trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros organismos, las cuales interpondrán el recurso legal una vez que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con uno de los abogados encargado de interponer los amparos, Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, se trata de una legislación agresiva, que no solamente se aplicará a trabajadores de gobierno que ocupen cargos de alta jerarquía en la administración pública.
Este despacho tiene también otros 7 mil clientes de una primera demanda que se interpuso contra las medidas de austeridad por la Ley de Remuneraciones de inicios de la administración. De acuerdo con el abogado, con la medida legal se logró detener la cancelación de sus prestaciones, tal es el caso de seguro médico y bonos, entre otros, los cuales se siguen cobrando.
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Martínez explicó que han dialogado con empleados del sector privado que tienen la expectativa de incorporarse al nuevo gobierno en un alto cargo directivo y ya analiza la posibilidad de interponer el amparo contra la restricción de 10 años para, en caso de aceptar el cargo en el gobierno, regresar libremente a trabajar al sector privado.
Trusan & Roma Abogados busca ser el primer despacho que interponga amparos contra Ley de Austeridad Republicana una vez que entre en vigor.
Las demandas se realizarán de forma colectiva por dependencia, además de que incluye a trabajadores jubilados que también se pueden ver afectados ante la cancelación de algunos bonos y prestaciones.
“Están muy molestos. Buena parte de los clientes incluso votaron por la 4T y están viendo que en lugar de mejorar sus condiciones laborales empeoraron. Se sienten preocupados. Hay otros que están enojados, pero no tienen el valor de enfrentarse al gobierno”, dijo.
Restrictiva. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC), Fernando Senties, dijo que la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado después del paso por el gobierno es excesiva y provocará además de una lluvia de amparos, una desbandada de personal de la administración pública.
“Lo que se está procurando hacer en principio es correcto. Proteger la información que un funcionario tiene para que no sea usad a por particulares es válido, pero me parece ridículo, exagerado que sean 10 años. En otros países con medidas similares en América Latina y en Europa son de uno a tres años. Yo fui funcionario público en Canadá y ahí no existe tal limitante”, explicó.
El especialista detalló que solamente los trabajadores de gobierno que opten por ampararse con esta ley y que ganen el recurso legal quedarán protegidos ante la restricción de no trabajar hasta después de 10 años en el sector privado.
En Estados Unidos, este tipo de restricción para trabajadores públicos, para un fenómeno conocido también como “puerta giratoria” es de cinco años. En España, Japón, Reino Unido y Países Bajos el tiempo de espera son dos años.
