cartera@eluniversal.com.mx
La llegada de burócratas que perdieron la prestación del seguro de gastos médicos como parte de las medidas de austeridad del nuevo gobierno representa un reto en calidad de servicios y atención médica más que una carga financiera, dijo el secretario general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Héctor Santana.
“El gran desafío, más que financiero, es el de mejorar y optimizar la calidad de servicios, procesos y protocolos de atención médica, de tal manera que la gente se concentre en los programas de prevención para garantizar vida saludable y no esperarnos a que la gente se enferme y sea necesario dedicar mayores recursos”, afirmó.
El 31 de diciembre pasado, el gobierno federal notificó la eliminación del seguro de gastos médicos mayores a los funcionarios que contaban con la prestación.
Al cierre de 2018, se erogaron 3 mil 22 millones de pesos por este producto financiero, lo que representó un incremento de 12% respecto a 2017, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Hasta el momento no se tiene una cifra precisa de cuántos funcionarios que perdieron el seguro de gastos médicos podrían acudir al ISSSTE ni el monto de la carga financiera que representará para el organismo.
De los pocos cálculos que se conocen, está el realizado por la Condusef en la administración anterior, la cual proyectó una carga superior a 4 mil millones de pesos con 500 mil funcionarios que podrían atenderse en el instituto.
“Tenemos la necesidad de optimizar nuestros procesos de ahorro para fortalecer la atención a los derechohabientes y hoy tenemos un escenario de restricción presupuestal.
“Está la presencia de los derechohabientes, que es gente que había venido cotizando y estamos preparándonos para optimizar nuestros procesos de atención, sobre todo en el área de salud que es en la que nos va a repercutir en primera instancia, a fin de que los derechohabientes que antes optaban por hacer uso del seguro de gastos mayores, puedan hacerlo en condiciones razonables en el instituto”, dijo Santana.
Resaltó que aún tomará unas semanas tener una estimación precisa del impacto en el instituto, pero no se espera una llegada masiva de funcionarios que dejen los servicios privados y volteen al ISSSTE.
“Pensamos que en ese sentido, será un proceso gradual que permitirá enfrentarlo sin afectar la calidad de la atención. Aunque reconocemos que hoy tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la calidad”, afirmó el secretario general del instituto.
Santana consideró que si bien el ISSSTE enfrenta presiones financieras, cuenta con reservas actuariales por más de 93 mil millones de pesos, además de cuentas por cobrar por más de 50 mil millones, así como las cuotas de aportaciones.
