Además de la revocación de la licencia de Banco Ahorro Famsa, la administración de Andrés Manuel López Obrador heredó el proceso para concluir la liquidación judicial de Banco Bicentenario, intervenido en 2014 por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y que hasta el momento tiene pendientes 21 procedimientos legales.
De acuerdo con una licitación emitida en marzo pasado por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) en Compranet consultada por EL UNIVERSAL, quedan por concluir un procedimiento de liquidación judicial, 11 incidentes de vencimientos anticipados, uno de validación de titularidad de activos, cinco amparos y tres juicios en contra.
La licitación se otorgó al despacho White & Case con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 por 6 millones 870 mil pesos, para que lleve el proceso legal de la liquidación pendiente del banco.
El documento del IPAB destaca que debido a restricciones presupuestarias, no puede crear seis plazas de personal especializado para la liquidación del Banco Bicentenario, porque incrementarían la estructura del organismo, con cuatro directores de área y dos subdirectores, con un costo anual de 5 millones 689 mil pesos, a los que se les debería incluir viáticos que ascenderían al año a más de 2 millones 400 mil pesos.
El IPAB explica, entre otros aspectos, que una serie de amparos han detenido el proceso de liquidación de la institución, particularmente en la venta de activos de la firma, además se ha evitado la ejecución de una sentencia firme por 20 millones de pesos.
En julio de 2014, a unos días de que el Banco Bicentenario obtuvo su licencia, las autoridades financieras mexicanas se la revocaron debido a un deterioro en la calidad de sus activos.
La institución duró solamente 11 meses en operación como banca múltiple y estaba enfocada a servicios de ahorro y crédito al sector aduanero y actividades de comercio exterior.
El empresario Ignacio Landa Ventosa se desempeñaba como director General en el momento de su liquidación
Antes del caso Bicentenario no se había presentado la liquidación de un banco en el sistema mexicano desde 1995, aquel año con el sello de la crisis de las instituciones financieras en el país.
En la justificación técnica para contratar a un prestador de servicios para la liquidación judicial del banco, el IPAB explica, entre otros motivos, la necesidad de avanzar en la conclusión de 11 incidentes de vencimientos anticipados, que actualmente se encuentran en ejecución de sentencia, así como litigios sobre dos activos propiedad de Banco Bicentenario, correspondientes a dos predios ubicados en el municipio de Corregidora, en Querétaro, con un valor de 24.4 millones de pesos.
