El acuerdo al que llegaron las autoridades, empresarios y sindicatos de eliminar la práctica de la subcontratación en términos generales, conlleva beneficios, pero también riesgos para los trabajadores y el mercado laboral en México.
Entre los principales objetivos de esta medida se encuentra la eliminación de la evasión y elusión fiscal que llevan a cabo algunas empresas a través de la subcontratación, así como el hecho de que a los trabajadores cuenten con todos los derechos laborales que le otorga la ley.
La subcontratación no es mala por sí misma, pero es una figura de la que se abusó y cuyo origen se desvirtuó. La subcontratación ilegal se puede ver en dos vertientes: la subcontratación de personal en la que los trabajadores no gozan de todas sus prestaciones. Otra vertiente es una subcontratación que defrauda al propio trabajador, en lo que llaman las empresas el insourcing, en la que el trabajador ya no recibe reparto de utilidades.
De esta forma, se abre la posibilidad de que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte directamente de la empresa y pueda gozar de todas las prestaciones que marca la ley, incluyendo su acceso al infonavit y a un fondo de pensión.
El acuerdo busca también establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas y morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación laboral en perjuicio de los trabajadores y el erario público.
Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
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En opinión de algunos especialistas, la eliminación de la subcontratación conlleva el riesgo de la pérdida de empleos y el repunte de la informalidad, toda vez que muchas empresas que actualmente tienen subcontratado a su personal no podrán contratarlo de manera directa.
En este sentido, destaca el caso de las grandes empresas trasnacionales que operan en el país, y que operan normalmente bajo este esquema de contratación por lo que es probable que reduzcan sus operaciones en el país.
Asimismo, los especialistas consideran que la nueva reglamentación no logra eliminar el problema de la evasión y elusión fiscal, ya que quienes realizan este tipo de prácticas ilegales cuentan con otros mecanismos, como podrían ser el pago por honorarios para seguir reduciendo sus costos laborales.
La eliminación de la subcontratación significa un cambio radical en el mercado laboral, lo que va a generar una gran incertidumbre entre las empresas, justo ahora que lo que se busca es reactivar el empleo en el país, advierten los especialistas.
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