El dinamismo de la economía mexicana entre 2018 y 2024, medida por la tasa media anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) tomando la última estimación del Banco de México de 1.5% para este año, arroja un crecimiento bastante pobre, de solo 0.85% el más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (-0.02%). Si bien es cierto que en ello influyó la pandemia en 2020 con una caída del -8.6%, tampoco podemos olvidar que las autoridades hacendarias se negaron a aplicar políticas fiscales contracíclicas que recomendamos expertos y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 2019, comenzó con una agresiva política de austeridad que le ganó al gobierno entrante críticas de que estaba siendo más neoliberal que sus predecesores, mucha inversión privada estaba frenada por la incertidumbre ocasionada por la negociación del tratado de libre comercio, por el retraso típico del inicio de gobierno y cambios administrativos, así como señales de desconfianza como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de proyectos aprobados (Constellations Brands) o la renegociación de contratos como el gasoducto que terminó siendo más costoso para la hacienda pública, desoyendo las recomendaciones de Carlos Urzua, que terminó renunciando decepcionado porque todo el esfuerzo para hacer un Plan Nacional de Desarrollo siguiendo las consideraciones de la Ley de Planeación fue desechado con la consabida descalificación de que tenía una orientación neoliberal. En su lugar se aprobó sin moverle una coma la propuesta alternativa que mandó el Ejecutivo, que se trataba más bien de un documento ideológico y una lista de proyectos prioritarios, entre los que se encontraba el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y los programas sociales estrella de la anterior administración. El PIB este año cayó 0.3%
La política de austeridad sería selectiva, porque se concentraría en educación, cultura, ciencia y salud, lo que se reflejó en desabasto de medicinas (especialmente de medicamentos costosos como cáncer, retrovirales y psiquiátricos), caída dramática de consultas médicas, retrasos en los pagos, falta de mantenimiento en las escuelas, restricciones presupuestarias a las universidades públicas y a las becas estudiantiles, especialmente en el extranjero, animada por prejuicios y estigmas en contra del conocimiento adquirido en el exterior. En contrapartida, se incrementarían los apoyos a Pemex, CFE, el presupuesto a los proyectos prioritarios y programas sociales que dispararían el déficit público especialmente los dos últimos años de gobierno.
La llegada de la pandemia trastocó todo. El diagnóstico de la autoridad sanitaria fue equivocado, contradictorio y contraproducente. Comenzó menospreciando lo que estaba pasando en el mundo y que era una exageración de los medios. Las declaraciones de los funcionarios decían que se trataba de una gripita que se quitaba con cuidados y remedios caseros, haciendo llamados a que no dejaran de ir a restaurantes y que siguiéramos abrazando, escudos de protección con estampitas religiosas, no suspensión de eventos masivos como conciertos, avisos de que el uso del cubrebocas no era obligatorio; pero cuando la enfermedad se comenzó a propagar, comenzaron las alertas desesperadas de que te quedaras en casa y no fueras a hospitales, porque estaban saturados, por lo que las personas en estado grave se terminaban muriendo.
Las cadenas globales de suministro se interrumpieron, el pánico se apoderó de los mercados financieros y el tipo de cambio se disparó arriba de 25 en abril de 2020. La caída de la demanda provocó un fuerte descenso de la inflación, lo que permitió a los bancos centrales bajar la tasa de interés aceleradamente temiendo una depresión mundial. A las peticiones de los empresarios de apoyos, el presidente respondió que “se rascaran con sus uñas, no nos vamos a endeudar”. Se presumió la política de contención del gasto como un ejemplo para el mundo y que la disciplina fiscal era elogiada por las calificadoras. Sin embargo, más allá de la retórica oficial el déficit público tradicional representó 2.7% del PIB, 3.8% en su forma más amplia y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, esto es, la forma más amplia de deuda pública federal, llegó a 50.2% del PIB en 2020.
En 2021, comenzó la normalización de la actividad económica en el mundo. El PIB de México creció 5.7% y la inflación a diciembre se había disparado al 7.36%. La teoría apoyada por los bancos centrales, incluido el de México, de que era un fenómeno transitorio que volvería a la baja una vez que se normalizarán las cadenas de suministro, resultó equivocada, la política monetaria y fiscal fuertemente expansivas la habían disparado, junto con otros efectos como los elevados aranceles por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el desabasto de insumos como los chips y semiconductores tuvieron un fuerte impacto en las industrias automotriz y electrónica más profundo de lo que se esperaba. Es de reconocer que Banxico comenzó a elevar la tasa de interés de referencia en junio de 2021 mucho antes que la Fed (marzo de 2022).
A raíz del resultado electoral no tan favorable en las elecciones intermedias de 2021 para el oficialismo, la política económica estuvo más bien determinada por motivos políticos. La promesa de que en la segunda parte del sexenio se realizaría una reforma fiscal se abandonó, argumentando que, con una política recaudatoria concentrada en los grandes contribuyentes, disciplina fiscal, austeridad y recurriendo a los recursos disponibles en los fideicomisos se financiarían los crecientes gastos con un claro uso electoral intensificando la propaganda de que lo oposición quería eliminar los programas sociales.
La política fiscal en realidad comenzó a ser francamente expansiva, cancelando por decreto las obligaciones de manifiestos de impacto ambiental (MIA) para el Tren Maya, o entregando las obras públicas al ejército al considerarlas de seguridad nacional. Los siervos de la Nación operaron sin escrúpulos en las campañas estatales convirtiéndolas en elecciones de Estado.
La guerra de Rusia contra Ucrania en 2022 provocó un alza fuerte del precio de los energéticos, de los alimentos, especialmente de los cereales, fertilizantes y otros productos, que aceleraron la inflación en todo el mundo, obligando a los bancos centrales a aplicar políticas monetarias agresivamente restrictivas. Los conflictos geopolíticos acentuaron la fragmentación de la economía mundial.
Bajo la consigna de reducir la inflación Estados Unidos (EU) implementó una política industrial con fuertes incentivos para comenzar a producir semiconductores y autos eléctricos en su territorio. La relocalización (nearshoring) y el comercio preferente con países aliados (friendshoring) abrían una oportunidad para atraer inversiones a México y reactivar al sector exportador. El PIB en México creció 3.7% en 2022 y la inflación terminó en 7.82% que pudo ser mucho mayor de no haberse frenado el alza del precio de la gasolina con subsidios que sumaron 397,000 millones de pesos, pero que afectaron el presupuesto de Pemex y sus gastos de mantenimiento.
En 2023, la combinación de una política monetaria muy restrictiva y fiscal expansiva generaron una fuerte apreciación del tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera. Ese año promedió 17.7587 vs. 20.1273 de 2022. Esto afectó el dinamismo de las exportaciones, pero a cambio contribuyó a la reducción de la inflación a 4.42% y a un crecimiento de 3.2% del PIB respaldado en un mayor dinamismo del consumo privado y de la inversión estimulada por las expectativas de la relocalización registraba elevadas tasas. El tipo de cambio se presumía como un indicador del éxito del gobierno y el spot cerraba el año en 16.9666. La economía dejó de ser la principal preocupación de la gente y de los especialistas y la confianza del consumidor lograba sus mejores registros. Sin embargo, el déficit público se elevó a 3.4% del PIB y a 4.3% en su forma más amplia. Las elevadas tasas de interés incrementaron el costo financiero del gobierno.
A pesar de las señales preocupantes de debilitamiento de las finanzas públicas, en los Criterios Generales de Política Económica 2024 se propuso un déficit de 4.9% y 5.4% en su versión más amplia con el argumento de que se requerían recursos para la culminación de los proyectos prioritarios por el cierre de sexenio y que serían gastos de una sola vez, por lo que se proponía una drástica consolidación fiscal para el 2025, es decir, que el agresivo ajuste al gasto lo realizaría el siguiente gobierno.
A finales de marzo de este año en los Precriterios 2025, las estimaciones del déficit público se elevaron para 2024 a 5 y 5.9% del PIB respectivamente, por lo que el endeudamiento público alcanzaría 17,047,356.9 millones de pesos, equivalentes a 50.2% del PIB, ratificándose el compromiso del proceso de consolidación fiscal el año que entra. Sin embargo, las calificadoras cuestionaron que ello pudiera ser viable dada la enorme carga fiscal que implicaban los programas sociales, los proyectos prioritarios, así como, las propuestas realizadas durante la campaña electoral.
Luego de los anuncios de proyectos y programas del nuevo gobierno, se ve prácticamente imposible que se logré reducir el déficit público tradicional al 2.5% del PIB y en su forma amplia al 3.0% solo con recortes del gasto. A diferencia de lo que pensamos hace un año, las finanzas públicas sí presentan graves dificultades y una gran vulnerabilidad que obligarían a buscar una reforma fiscal en 2025; pero, difícilmente se logrará sin consensos políticos y suficiente cohesión social.
Algunos de los avances que se obtuvieron, como reducción de la pobreza, incrementos de los salarios reales, inflación a la baja, menor desempleo, podrían ser revertidos en la medida de que los riesgos heredados por el anterior gobierno ocasionen una recesión, en momentos en que prevalece una fuerte incertidumbre por la reforma al poder judicial, la amenaza de una política proteccionista de parte de Estados Unidos y por crecientes problemas de violencia y seguridad pública.
En conclusión, la evaluación de la política económica es negativa en este sexenio y estuvo centrada en contener la inflación, mantener el tipo de cambio sobrevaluado como parte de un objetivo político, sin una política fiscal contracíclica y que decidió posponer la reforma fiscal, privilegiando motivaciones políticas de corto plazo.
* Economista, catedrático de la Maestría en Administración e Innovación del Turismo de la EST-IPN
