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En caso de activarse el mecanismo de solución de diferencias que tiene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), en año y medio se puede resolver una controversia contra el gobierno mexicano por la reforma eléctrica, lo que puede terminar en aranceles en año y medio, dijo el exsubsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker.
La iniciativa de reforma de la industria eléctrica puede tener no solamente consecuencias comerciales sino también legales contra la economía mexicana, añadió.
Durante el Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica , impactos al bienestar, que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ), el ex subsecretario de Comercio Exterior aseguró que cualquiera que se considere afectado puede iniciar un proceso de solución de controversias.
Si los inversionistas estadounidenses y canadienses optan por utilizar el mecanismo que existe en el T-MEC “se tendría que ir a lo que se establece en el capítulo 31 (del Tratado), ahí se establece un proceso de solución de controversias que, si llegara a tener todos los pasos correspondientes y tiempos, deber durar un año o año y medio máximo”.
“Una iniciativa de este tipo, nos solamente tendría efectos prácticos de los cuales ya se ha hablado mucho, no solamente tendría efectos legales, sino que además implicaría y hay que decirlo con todas sus letras, implicaría una violación de la ley por parte del Estado mexicano, y eso es muy delicado”.
Pero no solamente esto, se cerrará el mercado eléctrico mexicano en el que los privados están participando, “entonces esa violación sin duda no quedaría solamente en el papel, tendría consecuencias”.
Por ejemplo, cualquier país puede iniciar un proceso de solución de controversias considerando que México tiene tratados internacionales y lo puede hacer desde ahora aún y cuando la medida no esté aún en vigor.
Además, "si un inversionista piensa que sus derechos han sido violados, desde luego que puede solicitar un procedimiento de arbitraje. Pero son dos caminos por separados, uno corresponde al Estado como tal y otro a los inversionistas, y ambos creo que tendrían una suficiencia de argumentos para poder ser tomados bastante en serio”.
En dicha videoconferencia, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del PRI, Claudia Ruiz Massieu, explicó que “es una reforma energética, no es eléctrica, es una reforma desde luego económica, y aunque no es materia de este panel, dejo anotado que también es una reforma política por sus efectos”.
Agregó que la iniciativa de reforma implica “un retroceso también en términos jurídicos, porque implicaría volver a un sistema jurídico cerrado con la aprobación de esta iniciativa, no solo se desconocerían compromisos internacionales que tenemos como país, sino que volveríamos a mirar todo, exclusivamente bajo la óptica interna”.
Las violaciones a los tratados que tiene México pueden llevar tanto a un conflicto entre inversionistas y el Estado, e incluso entre Estados.
La coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, explicó que la reforma eléctrica “tiene peligros jurídicos importantes, dado que hay un mandato triple para CFE y estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, lo cual actualmente no lo es. Actuaría como órgano regulador, lo cual ahora no lo es y asumiría la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas de la transición energética y política industrial”.
Expuso que probablemente los usuarios del servicio básico tendremos más problemas de quejas y añadió que “en el impacto económico hay un subsidio eléctrico que todos recibimos, actualmente suma 70 mil millones de pesos para el 2022 la CFE ha solicitado 73 mil millones de pesos, esto equivale a todo el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, es el 71% del presupuesto”.
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