Los cambios a la Ley de Hidrocarburos le dan discrecionalidad al gobierno, a través de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para revisar más 20 mil permisos que se otorgaron a particulares en toda la cadena de petrolíferos a partir de la apertura del sector con la reforma energética del sexenio pasado.
La revisión puede incluir los permisos para operar, abrir nuevas estaciones de servicio o las solicitudes que se presentaron para dejar la franquicia Pemex y migrar a marcas diferentes y, en caso de detectar anomalías que afecten la seguridad energética o económica del país, “intervendrá la operación e instalaciones de los inversionistas, expropiándolas o utilizando la extinción de dominio si se comprueban ilícitos o actos de corrupción”.
Funcionarios y empresarios del sector consultados por EL UNIVERSAL y que pidieron no ser citados para evitar conflictos con la autoridad, explicaron que “hay muchísima preocupación no sólo entre empresarios gasolineros sino con comercializadores y transportistas”.
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Los cambios a la Ley de Hidrocarburos traen conceptos muy abiertos, “que es lo preocupante”, porque dejan a la inversión privada en una situación vulnerable cuando mencionan que mientras exista un tema de seguridad energética, nacional o económica, la autoridad del sector podrá intervenir.
Es el caso de marcas nacionales e internacionales presentes en el mercado, pero no cumplen con la política de almacenamiento, “esas estaríamos pensando que deberían agarrar maletas y empezar a empacar”.
Hay un riesgo evidente de que, a muchas estaciones de servicio, por ejemplo, les pueden revocar permisos “porque venden producto que no tienen autorizado en sus permisos.
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“Si fuera de una marca —sobre todo las europeas— estaría preocupado de no estar en esa situación, porque de un momento a otro me pueden bajar un número importante de banderas”, explicaron las fuentes.
“Si es un tema delicado…”, abundaron los entrevistados.
Precisaron que la posición de querer potencializar nuevamente a Pemex y devolverle ese control del mercado lo pueden lograr con esta modificación, “pero se estarían violando leyes, tratados internacionales y esto le pega al T-MEC… seguramente deberá haber reacción de parte de los extranjeros”, señalaron.
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En expendio de petrolíferos en estaciones de servicio y, de acuerdo con registros de la CRE, la inglesa BP Estaciones y Servicio Energéticos opera 529 estaciones. La española Repsol y la francesa Total operan 257 cada una y la angloholandesa Shell 240, entre las europeas.
De acuerdo con la firma especializada PetroIntelligence, datos de CRE y de los propios agentes económicos, 3 mil 798 gasolinerías venden combustible con marca diferente a Pemex.
También hay registradas 5 mil 33 gasolineras con imagen comercial diferente a Pemex —hay 171 imágenes comerciales distintas y 37 estaciones sin imagen definida. A febrero, Pemex mantuvo un universo de franquicias de 7 mil 735 gasolinerías.
Preocupación
Las fuentes consultadas advirtieron que “es posible esperar que la autoridad tire muchos permisos, “como no te imaginas” de estaciones de servicio que hicieron un trámite ante la CRE y se supone que había ciertos plazos, por ejemplo, una gasolinera Pemex se quería cambiar a alguna de otra marca y daba una solicitud a la comisión de un alta de producto, para vender producto de alguna bandera nacional o internacional diferente a Pemex.
La CRE nunca contestó y el gasolinero decía “es una positiva ficta” y se cambiaba de marca.
Ahora esto cambió para que sea negativa ficta si no te contestan y aunque la ley no es retroactiva, hay muchos trámites que ingresaron los permisionarios o gasolineros y no sólo ello, también transportistas, comercializadores, “pero la CRE nunca les confirmó de admitidos”.
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Lo que va a suceder, señalaron, es que “si la CRE quiere actuar sin piso parejo, lo que puede hacer es admitirlos ahora y no contestarles y es negativa ficta a favor de la autoridad.
En ese momento, a esas estaciones les revocarían los permisos porque están vendiendo producto que no tienen autorizado en sus permisos”.
En la reforma también viene una advertencia para algunas marcas que tienen permisos de importación, con vigencia y sobre el volumen que tienen permitido y cuánto han aprovechado, “el problema es ver cuántas están cumpliendo la política de almacenamiento”, porque a ellas les van a retirar los permisos.
Y en la mayor parte de los casos no han cumplido “no porque no quieran, sino porque hay proyectos de infraestructura que no han podido avanzar porque los tiempos de respuesta de la CRE han sido prácticamente nulos”, subrayaron.