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Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y la Estudios Legislativos Segunda aprobaron por mayoría un dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, mediante el cual se reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones ferroviarias.
El dictamen establece que las concesiones de empresas como Kansas City, Ferromex, Ferrosur, Líneas Coahuila-Durango, Ferrocarriles Chiapas-Mayab tendrán una vigencia de 30 años, 20 años menos de lo previsto en la ley hasta antes de las modificaciones.
La vigencia podrá prorrogarse siempre y cuando las empresas entreguen resultados positivos en este sector.
De lo contrario, el dictamen prevé sanciones y multas por el equivalente de 5% y hasta 10% de los ingresos del concesionario, asignatario o permisionario.
El dictamen aprobado destaca que en México 95% de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa, lo que en otros sectores económicos implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional.
El 12 de junio de 2020, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno de la Cuarta Transformación busca controlar el sistema ferroviario nacional.
A través de un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el gobierno busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años con marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezcan beneficios a todos los sectores y no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses” o que han invertido obedeciendo a “compromisos político-electorales que no brindaron beneficios sociales”.
El proyecto denominado Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, elaborado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planteaba que “es necesario iniciar la transformación del sector [pues] la falta de competitividad regional afecta a industrias y ciudadanos”.
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