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Por mayoría, la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado, aprobó ayer la reforma contra los factureros fantasma.
La minuta pasó al Pleno del Senado, para su aprobación.
Con cinco votos a favor y dos abstenciones del PAN, senadores avalaron la minuta del dictamen que reforma leyes para equiparar como delincuencia organizada el uso de facturas para amparar operaciones inexistentes.
El proyecto ya había sido aprobado por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Justicia, de manera que sólo faltaba el visto bueno de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.
En la reunión extraordinaria en la que se esperaba la asistencia del Procurador Fiscal de la Federación, senadoras del PAN establecieron que si bien están a favor de combatir la defraudación fiscal, ese no es el camino, porque pagarán justos por pecadores.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, contiene el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes.
Se modifican la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. También se reforman el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
El proyecto tiene como objetivo considerar como delincuencia organizada a la defraudación fiscal, se introducen las figuras de los testigos protegidos, infiltrados y la prisión preventiva oficiosa.
Problema de 500 mil mdp. Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este problema debe atacarse porque le implica la pérdida de 500 mil millones de pesos por la evasión fiscal que se genera mediante esta práctica
De acuerdo con el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la cantidad de recursos que representa este tipo de defraudación es superior al costo de los programas sociales cada año.
La semana pasada, el funcionario dijo que hay grupos poderosos que quieren bloquear la reforma y están asustando a empresarios de que se trata de terrorismo fiscal.
Sin embargo, dijo que quienes son honestos no tienen de qué preocuparse, pero quienes estén involucrados, incluso sí es que hay funcionarios, se les va a castigar.
El abogado de Hacienda dijo que cada tres días se aprehende a un defraudador fiscal y que el monto promedio del daño que causa cada uno es de 11 millones de pesos.
Algunas organizaciones como la Asociación de Bancos de México, el Consejo Coordinador Empresarial, así como fiscalistas y abogados, consideraron que medidas de la iniciativa, como la de usar infiltrados para combatir a factureros fantasma es un exceso.
En opinión de estos grupos, la defraudación fiscal no es un problema de seguridad nacional que amerite utilizar esa figura, ni tampoco testigos protegidos y la intervención de comunicaciones como se plantea en el proyecto.
