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El 31.4% de las solicitudes de información recibidas por empresas de telefonía provienen de autoridades sin facultades, reveló el informe ¿Quién no defiende tus datos?, de la organización R3D.
El análisis fue realizado por la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales con datos de 2016 y 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplimiento de los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, vigentes hasta principios de este año.
En los años analizados los concesionarios autorizados de telecomunicaciones recibieron 140 mil solicitudes de acceso a datos conservados y 6 mil referentes a geolocalización, de las cuales en 97% de las ocasiones la información fue entregada.
De acuerdo con el informe, Telcel y Telmex entregaron información en 100% de las solicitudes recibidas; 110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente, Telefónica Movistar otorgó los datos en 83.4% de las ocasiones, y AT&T, en 61.5%.
La organización destaca que 31% de las solicitudes recibidas por Telcel fueron efectuadas por autoridades sin facultades o no identificadas.
Entre las autoridades no facultadas que tuvieron acceso a la información de las personas con servicios de telecomunicaciones destacan los institutos electorales de la Ciudad de México y de Oaxaca, los gobiernos del Estado de México y de Colima, las secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
“La entrega de datos conservados o localización geográfica a autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia pone en peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y representa una violación a la legislación mexicana en la materia”, asegura el informe.
R3D explica que las autoridades que pueden solicitar los datos de los usuarios son la Procuraduría General de la República (PGR), las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Sobresale que la PGR tiene el mayor número de solicitudes, con 18% del total.
El análisis menciona que el IFT decidió eliminar las obligaciones de transparencia en abril de 2018, por lo que la sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de telecomunicaciones entregan información de los usuarios a las autoridades.
Al respecto, el IFT explicó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los sujetos obligados en materia de seguridad pública y procuración de justicia deben publicar el listado de solicitudes a las empresas en esta materia.
“La autoridad encargada de supervisar y vigilar el cumplimiento de esta ley es el Inai”, detalló.
