La Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST) del Infonavit informó que el Instituto cuenta con los recursos financieros y la capacidad legal para impulsar la construcción viviendas, aun sin la reforma al Artículo 123 constitucional que se está discutiendo actualmente.
Por lo que el Infonavit tiene la capacidad para construir hasta 500 mil viviendas durante los próximos seis años.
“La legislación vigente del Instituto ya permite invertir los ahorros de la derechohabiencia en desarrollo habitacional y compra de reserva territorial, siendo este último aspecto un factor esencial para fomentar la creación de verdadera vivienda social", señaló.
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“De acuerdo con el artículo 42, párrafo 3, de la Ley del Infonavit, los recursos del Instituto se destinarán en la línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridos por los trabajadores”, aseguró el titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST) del Infonavit, Mario Macías Robles, en un comunicado.
Además, en el artículo 3, párrafo 3, se establece que el Instituto tiene por objeto coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.
Macías Robles destacó que “independientemente de lo que se debata en la Cámara de Diputados sobre la Reforma, la solidez financiera del Instituto y la normatividad actual permite invertir en construcción de vivienda social para abordar el desabasto y garantizar un derecho fundamental de millones de familias obreras”.
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En un contexto donde los precios de la vivienda en el mercado están fuera de la capacidad adquisitiva de casi la mitad de los derechohabientes del Infonavit con acceso a crédito, es decir superiores a los 500 mil pesos, y la escasez de oferta asequible afecta a los 76 millones de derechohabientes, en especial a 5.5 millones que ya están precalificados, se pueden construir acciones colaborativas entre los sectores para atender la demanda.
“Una cuestión clave para garantizar el acceso a la vivienda social es establecer alianzas interinstitucionales e intergubernamentales para generar mecanismos que permitan la reducción de costos por metro cuadrado y faciliten el acceso a suelo adecuado, así como atender la agenda real que surge de las demandas y solicitudes de los trabajadores para diseñar las políticas en esta materia hacia el futuro”, indicó Macías Robles.
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