El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) compartió en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción un análisis sobre los riesgos en compras públicas. De acuerdo a la dependencia, en 2023 el gobierno federal gastó más de 676 mil millones de pesos que evidencian malas prácticas como adjudicaciones directas que afectan a la competencia.
Según el IMCO, anualmente las instituciones públicas federales destinan miles de millones de pesos a compras públicas; el año pasado, se realizaron 167 mil 987 procedimientos, cuya información está contenida en la plataforma Compranet.
El estudio realizado por el instituto demuestra que los principales riesgos de corrupción en las compras públicas residen en el eje de anomalías y en la falta de competencia en los procedimientos de contratación.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que la contratación con proveedores riesgosos es una de las malas prácticas más comunes; es decir, contratación directa con empresas sancionadas, empresas fantasma y de reciente creación.
En 2023, las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) firmaron contratos con proveedores altamente riesgosos: dos mil 506 millones fueron con empresas sancionadas por haber incumplido contratos o haber incurrido en irregularidades como presentar registros sanitarios falsos.
Durante el año, se hallaron contrataciones por tres mil 096 millones de pesos con empresas de creación reciente, fenómeno que de acuerdo a la dependencia afecta el cumplimiento de los objetos contractuales. En esta categoría, sobresale el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que en 2023 concentra 7 de cada 10 pesos contratados con empresas nuevas.
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Por otro lado, la falta de competencia en los procedimientos es otro factor de alto riesgo; esto significa que el monto total de compras públicas se destina a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. En el año evaluado, fue equivalente a 150 mil 920 millones de pesos.
Estas variaciones de falta de competitividad se explican por el aumento de procesos clasificados bajo la categoría "Otros"; en otras palabras, no fue posible conocer el tipo de procedimiento realizado en más de 13 mil contrataciones llevadas a cabo en ese periodo.
Conforme al estudio, IMCO detalló que las instituciones con mayor nivel de riesgo de corrupción fueron el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), seguida por FONATUR y Diconsa. Entre las malas prácticas prevalecen la concentración de pocos proveedores y procedimientos de excepción poco claros.
Debido a esta situación, para impulsar un sistema sólido en el país, el instituto propone que todas las etapas del proceso de contratación sean monitoreadas, permitiendo que se consolide adecuadamente un sistema transaccional de compras públicas.
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Asimismo, insta a implementar herramientas basadas en algoritmos con el propósito de optimizar las etapas del proceso de contratación, desde la primera fase hasta la culminación del contrato.
Por último, con la finalidad de evitar contrataciones con empresas sancionadas y fantasmas, IMCO recomienda replicar el sistema de compras en las entidades federativas para equiparar procesos y estándares.
em/mgm