Silvia sale de su casa todos los días a las cinco de la mañana, acompañada por su hermano, para llegar a su trabajo “a buena hora”. Ambos deben caminar casi dos kilómetros entre calles casi obscuras de la colonia Santa María Tulpetlac, Estado de México, con el fin de tomar el transporte.
El alumbrado público es deficiente, eso les provoca miedo a ambos, debido a que entre esquina y esquina hay espacios difíciles de pasar. A pesar de que hay luminarias, algunas no funcionan y ya tienen tiempo así.
“Llevan meses sin ser reparadas”, asegura. Otras fueron vandalizadas, desprendidas de los tubos que las sostienen o encienden de manera intermitente y permanecen apagadas por largos periodos; algunas son robadas para venderlas en el mercado negro.
Esa es la realidad no sólo de colonias y pueblos distantes o rancherías, sino también, aunque en una menor escala, de grandes ciudades con avenidas y calles en donde el sistema del servicio resulta poco efectivo para los transeúntes, lo cual les genera desconfianza durante su tránsito nocturno.
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En ambos escenarios, pese a contar con energía eléctrica, el alumbrado público deficiente hace que cientos de mexicanos padezcan este problema: deben aprender a vivir en la penumbra apenas se va la luz del día.
De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo de 2019, dos de cada tres entrevistados perciben vulnerabilidad en espacios físicos, como las vías que recorren. Además, 62.9% considera la iluminación como insuficiente.
Al respecto, el Banco Mundial destaca en el estudio Violencia en la ciudad: comprendiendo y apoyando respuestas de la comunidad a la violencia urbana que la inseguridad es provocada, entre otros factores, por la limitada e inadecuada infraestructura urbana, así como por la falta de alumbrado público o avenidas angostas.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) argumenta que la iluminación es un servicio público fundamental al permitir que las poblaciones tengan actividad en espacios exteriores durante la noche, ya sea para movilizarse de o hacia el trabajo, la escuela, las compras o sólo transitar por las calles.
Sin embargo, precisa que “en México es una necesidad social insatisfecha, cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la percepción de inseguridad”.
En el cuaderno editado por el organismo titulado Alumbrado público, eficiencia energética y la ciudad inteligente: hacia el proyecto nacional 2.0, de mayo de 2019, la administración reconoce que actualmente casi siete de cada 10 sistemas instalados en municipios presentan algún problema o deficiencia, como el uso de tecnologías obsoletas, por lo cual deben ser sustituidos.
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Además, entre 60% y 70% de estos se encuentran colocados en postes de la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estimada en 11 millones, lo que genera problemas en la calidad, como el hecho de que la distancia entre cada uno es mayor a las consideradas para una adecuada instalación, dando lugar a deficiencias en el nivel de iluminación de las vialidades y, en consecuencia, zonas inseguras y peligrosas.
De acuerdo con información de la CFE, hasta enero de 2020 colaboró con mil 75 municipios, lo que le redituó un ingreso de 440.9 millones de pesos ese mes. No obstante, según la Conuee, en el país muchas de esas instalaciones son anticuadas y, por lo tanto, altamente ineficientes, lo que repercute en una mayor necesidad de energía y mantenimiento.
Lo anterior, también se refleja en los costos que tienen que pagar todos los ayuntamientos.
Esta situación se complica, ya que, de acuerdo con el análisis El crecimiento urbano y las violencias en México, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), la evolución de las principales ciudades y municipios ha sido desordenada.
Esto provoca que el costo de prestar el servicio de alumbrado se incremente y el presupuesto municipal se vuelva insuficiente, dando lugar a la inseguridad con áreas urbanas que son peligrosas para los habitantes.
Para cientos de mexicanos, la deficiente iluminación se interpreta como un problema de recursos para las demarcaciones, encargadas de prestar el servicio, más que un beneficio para la población.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía cita en su cuaderno de análisis que para “un número importante de ayuntamientos en México, el costo de proveer el alumbrado representa una fracción importante de su gasto corriente”.
Según el reporte de tendencias en municipios analizados por la agencia calificadora Fitch Ratings, el servicio, incluyendo el mantenimiento, representa entre 5% y 10% del gasto corriente de un ayuntamiento, incluyendo en algunos casos crecimientos anuales volátiles y significativos, derivados del proceso de urbanización.
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Actualmente, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Energía (Sener), de los 10 millones de sistemas de iluminación en el territorio nacional, 6.6 millones tienen que ser sustituidos por tecnologías más eficientes, lo que demanda una inversión de alrededor de 46 mil millones de pesos.
Sin embargo, ese monto no incluye los recursos necesarios para habilitar la infraestructura física y eléctrica —transformadores, postes, cableado, ductos, medidores, entre otros—, que en ocasiones es hasta tres veces mayor a la cifra que se eroga en los sistemas.
Esto habla de que la mayoría de los gobiernos locales no han invertido en desarrollar su infraestructura para prestar el servicio de alumbrado público, como la instalación de circuitos eléctricos, transformadores y cableados, entre otros, en apego a las normas de seguridad eléctrica.
Además, los municipios enfrentan dos dificultades para obtener los financiamientos necesarios y así avanzar en un mejor servicio.
En primer lugar está el respaldo para obtener recursos, ya que es muy común que estén comprometidos con diversos proyectos previamente realizados, por lo que su capacidad para contraer nuevos financiamientos es limitada.
Así, muy pocas demarcaciones cuentan con una calificación de riesgo emitida por una agencia evaluadora que les permita medir su solvencia para hacer frente a sus obligaciones de pago.
Otro de los problemas, y quizá el de mayor peso, es que deben cubrir el monto a la Comisión Federal de Electricidad por la energía que demandan para todo tipo de servicios, incluido el alumbrado público.
En este caso, de acuerdo con la empresa productiva del Estado, el rezago de los 2 mil 292 ayuntamientos al cierre de 2019 por el no pago en este rubro se ubicó en 43 mil 479 millones de pesos.
Es decir, no se proporciona un adecuado alumbrado público a la población, porque no se tienen recursos para ello y no se entrega el dinero por la energía eléctrica que necesitan para esa meta.
Al final de cuentas, pese a todas las anomalías que enfrenta, el usuario es el que debe pagar los platos rotos, ya que en su recibo de energía eléctrica todavía se le cobra el Derecho al Alumbrado Público (DAP).