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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la falta de una política integral y de estrategias de gobierno para prevenir fraudes como el robo de identidad en servicios financieros mantiene vulnerables a 54 millones de mexicanos .
“La falta de una política integral o estrategia de gobierno que atienda el problema, representa un riesgo para 54 millones de personas en el país estimadas, ya que se desconoce el número real de personas víctimas de suplantación de identidad, que representan a 68% de la población de entre 18 y 70 años con al menos un producto financiero”, destaca la ASF en una auditoría realizada a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ( Condusef ), como parte de la revisión de la cuenta pública 2019.
Según el informe, en 2019 Condusef recibió seis mil 545 quejas por una posible suplantación de identidad , de las que el 59.2% fueron favorables para el usuario, lo que implicó una reducción en el número de usuarios con resultados a su favor respecto de lo registrado en 2016 (74.4%).
“En tanto que del monto reclamado en la Condusef, 215 millones de pesos , únicamente se restituyó 49.1%, por lo que existe la necesidad de fortalecer las medidas que buscan proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y reducir su vulnerabilidad”, dijo el organismo.
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La ASF detalló que la suplantación de identidad implica una conducta lesiva para los ciudadanos e instituciones financieras. No obstante, a 2019, ni la legislación federal ni la de la mayoría de las entidades federativas incluyó un tipo penal que sancione el robo de identidad, que únicamente se persiguió cuando se vinculó con otros delitos, como el fraude.
Para mitigar este problema, el organismo propuso que la Cámara de Diputados analice o emita propuestas para tipificar como delito la suplantación de identidad, además del cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades financieras mexicanas.
Así, el documento destaca que en 2019 la supervisión llevada a cabo por las comisiones en materia de suplantación de identidad contribuyeron a detectar irregularidades en sistemas de información, falta de políticas para la identificación y seguridad en la autenticación de los usuarios por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a sancionar a las instituciones financieras por la emisión de tarjetas sin previa solicitud del cliente por parte de la Condusef.
“Sin embargo, los resultados de la supervisión no fueron un insumo que retroalimentó la prevención de la suplantación de identidad, debido a que la intervención de la Condusef se dio hasta que el usuario presentó su reclamación, lo que implicó que la supervisión privilegió el enfoque reactivo y no el preventivo”, destacó.
jcgp
