En medio de las negociaciones del Paquete Económico 2024 en el Congreso de la Unión, Félix Arturo Medina Padilla deja de ser el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para asumir el cargo de subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
El titular de la Procuraduría Fiscal es el abogado de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), o bien el portero que "para los goles que quieran meter contribuyentes" a través de amparos en contra de las disposiciones fiscales y financieras que afecten al erario público.
Medina Padilla fue designado como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, en sustitución de Alejandro Encinas, y será recordado como uno de los procuradores fiscales con menos tiempo en el cargo con apenas un año y nueve meses, y con el más bajo perfil.
Lee también Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos para 2024
Tomó las riendas de la Proruraduría en sustitución de Carlos Romero Aranda, quien desde inicios del presente gobierno federal encabezó una cacería de evasores, sobre todo de grandes contribuyentes, factureros y outsourcing a través de la reforma penal fiscal que logró que se aprobara en el Congreso.
Se convirtió en el segundo procurador fiscal de la presente administración, luego de que en diciembre de 2021 el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunciara su nombramiento.
En enero de 2022 fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con los votos en contra de la oposición. Desde entonces se manejó con un perfil bajo, a diferencia de su antecesor.
Sólo tuvo escasas apariciones en la conferencia matutina de AMLO en Palacio Nacional y en las reuniones de diputados de las Comisiones de Hacienda de Diputados y Senadores.
Como abogado de la Secretaría de Hacienda, el titular de la PFF tiene un papel importante para evitar que las decisiones que se tomen al margen del Paquete Económico o de cualquier iniciativa fiscal-financiera o relacionadas con los estados y municipios, sean impugnadas en los tribunales.
Debe asegurar que la aprobación del programa económico y el presupuesto federal, tenga una firme base constitucional para evitar posibles controversias.
Lee también Déficit del PIB no compromete sostenibilidad fiscal, asegura subsecretario de Hacienda
Su más reciente aparición fue apenas el martes pasado en la reunión de funcionarios de la Secretaria de Hacienda con diputados de la Comisión de Hacienda para explicar los detalles de la iniciativa de Ley de Ingresos y de la Ley Federal de Derechos 2024.
Ahí recriminó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó sin efectos una parte de la reforma fiscal penal para combatir a los delincuentes de cuello blanco al considerar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
Pese a ello, destacó que se presentaron 40 mil juicios que se sustanciaron, sobre todo en contra de factureros.
Informó que existen mil 600 denuncias en contra de personas físicas y empresas por la simulación de operaciones.
Dio a conocer que en 2022 se lograron obtener 5 mil millones de pesos por medio de acuerdos reparatorios con contribuyentes evasores.
Afirmó que en la Procuraduría Fiscal federal atacan la evasión y corrupción desde varios flancos en última instancia en materia penal con querellas, sin importar el color partidario y "venga de donde venga".
Pero no dio más detalles de las investigaciones ni nombres de los que tienen una demanda porque dijo "es darles impunidad".
Lee también Paquete Económico 2024: Más deuda y menos ingresos petroleros pondrían en riesgo ahorros, alerta IMCO
vcr/mcc