La población pobre sufre una inflación superior a 9%, aunque la carestía alimentaria llega a más de 15%, de acuerdo con el Inegi.
Las familias con ingresos de hasta un salario mínimo, es decir, aquellas que perciben máximo 5 mil 190 pesos al mes, enfrentaron una inflación de 9.3% durante la primera mitad de octubre de este año.
Es decir, los precios de bienes y servicios que más consumen presentaron un alza superior a la inflación general, cuya tasa fue de 8.5% en este periodo.
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Los hogares que ganan de uno a tres minisalarios, de 5 mil 191 a 15 mil 560 pesos, resintieron también una carestía de 9.3%.
En agosto pasado, había 43.5 millones de trabajadores con un ingreso de máximo tres salarios mínimos, lo que significó 76% de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.
La inflación se desaceleró a 8.9% para familias que perciben de tres a seis salarios mínimos, de 15 mil 561 a 31 mil 120 pesos.
Sin embargo, los menos afectados fueron los hogares con ingresos de más de 31 mil 120 pesos, pues los precios de bienes y servicios que consumen subieron 8.1%, es decir, menos que la tasa general de inflación.
“La inflación es la variable macroeconómica que tiene mayor impacto en las familias de bajos ingresos debido a que es el segmento de la población que destina una mayor parte de sus ingresos a la adquisición de bienes de consumo, principalmente alimentos, para poder mantener su calidad de vida”, comentó Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Tecnológico de Monterrey.
En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que los hogares con menores ingresos destinan hasta 47% de su gasto para comprar alimentos, mientras que los de mayor capacidad, 35% o una tercera parte.
Los alimentos subieron 15.7% para familias que ganan máximo un salario mínimo; en cambio, subieron 14.4% para las que perciben más de 31 mil 120 pesos.
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En lo que resta del año y buena parte del siguiente, las tasas de inflación seguirán siendo elevadas, particularmente en alimentos, por lo que existe el riesgo de que los niveles de pobreza laboral, es decir, la población con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria, tiende a repuntar, estimó el académico.
Sobre la posibilidad de instrumentar programas de apoyo a las familias más vulnerables, Magaña señaló que es importante focalizar a las personas que se encuentran con la problemática más significativa y, basándose en eso, llevar a cabo transferencias a estas familias.
Sin embargo, “ello dependerá mucho del presupuesto que se tenga asignado para hacer frente a esta problemática de las condiciones actuales de la economía y resulta complicado, dado que ya se definió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año, por lo que es difícil que esto pudiera ocurrir”, advirtió el especialista.
En opinión de Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos?, no se trata de gastar más, sino hacerlo mejor.
“En el corto plazo hay que tener subsidios focalizados y temporales y proteger a los más vulnerables, hay que revisar, por ejemplo, cuánto nos está costando el subsidio a los combustibles y ver si nos convendría destinar parte de esos recursos a programas de apoyo a hogares”, dijo.
Hasta ahora, la recuperación del mercado laboral ha contenido el alza de la pobreza laboral a pesar de la inflación, reconoció la directiva, “pero es una recuperación desigual e imparcial, más gente tiene más empleo, pero es trabajo de mala calidad”.
“Otra vez el sureste mexicano verá un aumento en pobreza laboral y registra tasas de inflación más altas del país”, agregó.
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