De aprobarse la iniciativa de reforma del Poder Judicial, podrán llegar solicitudes de panel y controversias mucho antes de que sea el año de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el 2026, dijeron los exnegociadores de dicho tratado.
El exjefe negociador técnico del T-MEC, Kenneth Smith, explicó que las controversias iniciarán en cuanto se observen fallos contrarios al Estado de derecho.
“Por el hecho de aprobarse la reforma no es en ese momento que haya una violación. Si no que una vez que se establezca el esquema y empiecen a darse decisiones del poder judicial, si estas carecen de imparcialidad, de transparencia o no cumplen con el Estado de derecho en México y te llevan a situaciones que violen el tratado ahí es donde los socios comerciales pueden presentar controversias”, dijo.
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Precisó que el poco crecimiento en México se debe al sector externo, por lo que el T-MEC debiera ser prioridad, por eso hay que eliminar las disputas existentes y asegurar que Estados Unidos y Canadá pueden atraer inversiones.
Smith Ramos añadió que “lo último que podemos estar haciendo es generar dudas sobre la certidumbre jurídica del país… Irritantes comerciales y esto es lo que me preocupa de las reformas constitucionales que se ponen sobre la mesa”.
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Durante la Tercera Convención Binacional de la American Society of Mexico, el exsubsecretario de Comercio Exterior durante la negociación del T-MEC, Juan Carlos Baker, dijo: “creo que no vamos a tener que esperarnos al T-MEC para ver las afectaciones de esta reforma al Poder Judicial".
“Pensar que se va a aprobar todo esto (el paquete de reformas constitucionales) que se va a aprobar y que luego va a haber un gran vacío y no vamos a escuchar nada hasta el 2026 es bastante ingenuo y audaz”, alertó.
Baker agregó que tiene preocupación por lo que va a pasar, pero eso va a suceder porque habrá consecuencias mucho antes del 2026.
Coincidieron en que aunque no haya un capítulo que no se puede cambiar el sistema judicial, se habla de la garantía del Estado de derecho y de dar certidumbre a los inversionistas; mientras que la desaparición de los órganos autónomos pide que sean órganos independientes del Poder Ejecutivo.
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