Los gobiernos estatales y municipales sufrirán un recorte de hasta 91 mil millones de pesos en transferencias federales por el apoyo a Pemex que se anunció esta semana, advirtieron expertos consultados por EL UNIVERSAL.
En su opinión, la población es la que resultará más afectada debido a un deterioro en los servicios públicos, pues la medida obligará a los gobiernos locales a incrementar sus impuestos, recortar sus gastos o contratar más deuda.
El experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Augusto Rivera, estimó que ello reducirá este año de 1% a 2% la Recaudación Federal Participable (RFP), de la cual salen los recursos que la Federación le transfiere, mediante participaciones y aportaciones a las entidades federativas y ayuntamientos.
La directora de México Evalúa, Mariana Campos, coincidió en que habrá un impacto en el presupuesto de los estados porque se afecta el tamaño de la bolsa a repartir, que se concentra en la RFP.
La Cámara de Diputados aprobó una RFP de más de 4.5 billones de pesos para 2024, lo que significa que la merma será de 46 mil millones a 91 mil millones para los gobiernos locales, tomando en cuenta las estimaciones del CIEP.
Mariana Campos destacó que por primera vez el gasto federalizado al cierre del sexenio va a ser menor que en el arranque, lo que se relaciona con este tipo de decisiones discrecionales que se llevan a cabo sin consultar al Congreso de la Unión, ni a los gobiernos locales.
El nuevo apoyo a Pemex tampoco está acompañado de un mecanismo de compensación o reforma fiscal para cubrir lo que dejará de captar la Federación, pero además se impidió el cambio de modelo con inversión privada mediante la cancelación de las rondas petroleras, indicó.
Estímulos billonarios
César Augusto Rivera, investigador en transición energética y medio ambiente en el CIEP, recordó que antes de este nuevo estímulo fiscal, ya se le habían inyectado a Pemex cerca de 2.2 billones de pesos en apoyos fiscales y patrimoniales.
El viernes de la semana pasada, Moody’s degradó la calificación de Pemex y la dejó a un peldaño de caer en default, que es la peor nota en la escala de la agencia. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que otorga créditos fiscales que equivalen a 100% de los montos por derechos de extracción y de utilidad compartida (DEC) y (DUC), correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como a enero de 2024.
Falta conocer la declaración de impuestos de Pemex, pero el integrante del CIEP calculó que si la compañía no paga el DUC la RFP se puede reducir en el último trimestre de 2023. Esto depende de variables, como el precio de la mezcla mexicana de crudo y el tipo de cambio. Pero, en el supuesto de que Pemex ya pagó el DUC de los últimos meses del año pasado, no habría problemas con las transferencias a estados y municipios, aunque con el nuevo decreto quedan dudas, por lo que habría que esperar a la declaración de la empresa, explicó César Augusto Rivera.
En cambio, para enero de este año, ya se puede calcular el impacto negativo sobre los estados porque lo que recibe por DEC y DUC el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo (FMPI), lo pasa a la RFP de 1% a 2%. “Ahí es donde le pega a los estados y municipios en forma de aportaciones como de participaciones”, dijo.
Subrayó que también incluye a las entidades federativas petroleras, porque hay un recurso que va directamente a la RFP.
Ante esta situación, el investigador del CIEP consideró que la Federación tendría que endeudarse o buscar cómo subsanar el daño, mientras los gobiernos subnacionales deben seguir trabajando para reducir su dependencia, por ejemplo, aplicando el predial como en Guanajuato. No sólo por esta situación deben hacerlo, advirtió, sino porque en el futuro los hidrocarburos serán más caros y cada vez hay menos petróleo.
Juego infinito
Para Mariana Campos, de México Evalúa, urge un cambio estructural debido a que “estamos en un juego infinito en el que los recursos se destinan a bajar el endeudamiento que se produce por el mal modelo de negocios de Pemex que se necesita modificar”.
Cuestionó que, con esta renuncia al DUC, el gobierno le perdona impuestos a la petrolera, pero falta resarcir esta medida para que el ciudadano no sea el que termine perdiendo en servicios públicos.
En su opinión, es preocupante que el gobierno haya otorgado todo su respaldo a la petrolera, sin condicionar esto a un cambio de modelo de negocios viable y rentable que le permita salir de la situación que tiene Pemex.