Ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a realizarse en 2026, aumentan de tono las opiniones de especialistas nacionales y extranjeros que advierten de posibles choques cuando se analicen los primeros seis años del acuerdo por las reformas constitucionales y algunas políticas impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los exnegociadores por parte de México del tratado, Kenneth Smith Ramos y Juan Carlos Baker, coincidieron en que el problema es que, en lugar de ser una revisión, el proceso pudiera convertirse en una renegociación o llevaría a México a paneles de controversia.
Smith Ramos, exjefe negociador técnico del T-MEC en la Secretaría de Economía en el sexenio anterior, dijo que preocupa cómo se levantan las voces en Estados Unidos contra la reforma al Poder Judicial.
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“Nunca vimos una reacción así, ni siquiera con el tema energético”, alertó el ahora socio en el despacho Agon. Es un tema transversal que afectará a la impartición de justicia, señaló.
Añadió que la revisión del T-MEC también dependerá del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos pues, gane quien gane, se anticipa un mayor proteccionismo.
Si, por razones políticas, el gobierno de EU quiere renegociar todo el T-MEC o “irse a la yugular en los temas de aplicación del tratado”, podría hacerlo, aunque la premisa debe ser asegurar que haya una revisión exitosa que permita mantener el acuerdo comercial.
Smith Ramos dijo que con las reformas constitucionales, además de generarse incertidumbre jurídica, se ponen sobre la mesa “irritantes comerciales” que preocupan por la respuesta que pueda verse en el país vecino.
A su vez, Baker dijo que preocupa lo que pueda pasar una vez que se aprueben las reformas porque incluso pueden tener consecuencias mucho antes de la revisión del T-MEC.
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“Para saber la magnitud y los reclamos específicos se deberá esperar a ver la deliberación en el Congreso mexicano para ver qué pasará, pero parece ingenuo pensar que no pasará nada”, dijo el también exsubsecretario de Comercio Exterior.
Aunque el T-MEC es importante para ambas naciones, el presidente de la American Society of México, Larry Rubin, dijo que el problema es que, de aprobarse las iniciativas de reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, “se entraría a una discusión mucho más profunda”.
Agregó que debe considerarse que “el tratado precede a cualquier ley aprobada por cualquiera de los tres Congresos [de los países socios], y ahí claramente habría una controversia importante”.
Presión política
A lo anterior se suma que, la semana pasada, un grupo bipartidista de 10 legisladores estadounidenses encabezados por el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, el republicano Adrian Smith, envió una carta a la Representación Comercial de su país (USTR, por sus siglas en inglés), en la que advierte que hay violaciones al T-MEC en las reformas constitucionales y algunas políticas impulsadas por el gobierno mexicano.
“Cualquier acción que contravenga a las obligaciones del T-MEC creará dudas significativas con respecto a los compromisos y objetivos compartidos, e inevitablemente harán que el proceso de revisión sea más difícil”, dijeron los legisladores estadounidenses.
Al respecto, el especialista en comercio exterior Jorge Molina dijo que “hay que tomar en serio la carta”, porque se trata de legisladores que participarán en la revisión del T-MEC.
Descartan complicaciones
El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera, dijo que las reformas constitucionales como la del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos no se contraponen al T-MEC, por lo que no se anticipan problemas.
“Estamos tan entrelazadas las economías [de Norteamérica] que veo difícil una marcha atrás si se realizan las reformas constitucionales”, dijo el funcionario a EL UNIVERSAL.
“En la Subsecretaría de Comercio Exterior hicimos un análisis de consistencia entre las reformas y compromisos del T-MEC y no identificamos que haya ningún tipo de contradicción entre las reformas planteadas y los compromisos del tratado”.
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Además, rechazó que la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vaya en contra de los compromisos del T-MEC, porque en el texto del tratado se hacen anotaciones no vinculantes.
“La lectura jurídica que hacemos es que es una nota al pie de página, que es descriptiva, pero de ninguna manera es vinculante, y habla más bien de independencia de los agentes económicos”, expuso Encinas Nájera.
