Ante las elecciones presidenciales de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegan debilitados en su capacidad de cohesión interna, dijo en un análisis Citibanamex.
“La fortaleza de las autoridades electorales y de la Suprema Corte será clave para garantizar competencia equitativa y voto libre, y también para enfrentar los retos potenciales de escenarios de resultados cerrados. Sin embargo, las dos autoridades electorales llegan debilitadas en su capacidad de operación y sin cohesión interna. Y, en la Corte, el equilibrio que le ha permitido defender condiciones democráticas de competencia está cambiando”, dijo la firma financiera.
En la nota especial: Elección 2024: autoridades vulnerables, Citibanamex explica el debilitamiento que han tenido los organismos electorales en la actual administración, ante lo cual, con autoridades fragilizadas, la estabilidad postelectoral quedará sujeta a la contundencia del resultado, mientras más abierto sea menor probabilidad de conflicto e inestabilidad pero, si se cerrara, la legitimidad del resultado sería débil.
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“El mandato de las autoridades electorales es garantizar un entorno en el que la competencia electoral por el poder se realice en apego a la ley, con garantías de equidad y obligaciones de transparencia, donde los ciudadanos puedan elegir libremente a sus gobernantes. Las dos autoridades nacionales en esa materia llegan a 2024 en condiciones precarizadas de operación y políticamente vulnerables”, destaca el texto.
Citibanamex recuerda que el INE llegará a la elección de junio bajo la amenaza de una reforma inconstitucional que pretendía desmantelarlo.
Así resaltó que durante los primeros cuatro años del sexenio, el INE resistió los ataques discursivos del gobierno, pero el enfrentamiento público entre el presidente López Obrador y el entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova escaló en la segunda mitad del sexenio. “Dado que, a partir de la elección intermedia de 2021 Morena ya no controlaba mayorías cercanas a las 2/3 partes en las cámaras, el gobierno debilitó primero al INE mediante recortes presupuestales históricos. Luego, en abierta violación del proceso legislativo, las mayorías absolutas encabezadas por Morena en ambas cámaras aprobaron una reforma a leyes electorales secundarias que, en contraposición a la Constitución, propusieron el desmantelamiento del instituto y el regreso de la función electoral a la Secretaría de Gobernación”, recordó.
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El texto señala que las instituciones electorales funcionales han sido clave para garantizar competencia legal y equitativa en México, donde datos de encuestas previas a las últimas cuatro elecciones presidenciales muestran que, a lo largo del año que precedió a la jornada electoral, la posición relativa de los candidatos cambió significativamente, es decir que las campañas permitieron, incluso a quienes no eran punteros al inicio de cada proceso (tanto de oposición como del partido en el gobierno), presentarse ante el electorado y avanzar. “Ello ocurrió, en buena medida, gracias a que la autoridad administrativa y la jurisdiccional, a cargo de expertos competentes en la materia, estuvieron atentas a garantizar un entorno razonable de competencia equitativa. El INE no sólo organiza elecciones, también funge como árbitro a lo largo de cada proceso para, oportunamente, conminar a que se corrijan a quienes cometen faltas, y fiscaliza los gastos de partidos y candidatos para vigilar que sus recursos sean legales y sus gastos se apeguen a los límites establecidos”, dijo.
En tanto, agregó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo otorga la constancia de validez de la elección presidencial, también resuelve en última instancia las impugnaciones que se gestan a lo largo de las contiendas contra la actuación de algunos partidos y candidatos.
“En la medida que los controles de ambas autoridades pueden derivar en la anulación de un resultado, su actuación es clave para la conducta democrática”, subrayó.
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