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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta el reto de realizar cambios de fondo para reducir la presión del gasto pensionario sobre las finanzas públicas, coinciden analistas.
Proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos muestran que la carga fiscal de este compromiso puede alcanzar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en los próximos ocho o 10 años.
La propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del gobierno federal ha sido calificada positivamente, porque aliviaría una parte del complicado esquema de pensiones que prevalece en México.
Sin embargo, los cambios en la CFE, anunciados la semana pasada, y que permitirían que sus trabajadores se jubilen a los 55 años, muestran que no hay claridad en si el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentará a sindicatos y otras organizaciones con elevadas pensiones con carga directa al erario.
“Establecer y emprender una hoja de ruta, cuanto antes, mejor. No existe una única reforma pensional que vaya a solucionar todos los problemas del sistema mexicano. Más allá de algunas iniciativas, es importante construir la institucionalidad que permita al sistema mexicano de pensiones adaptarse e implementar ajustes en un contexto de envejecimiento acelerado.
La evaluación sobre la carga fiscal del denominado “tsunami pensionario” hacia 2030 es coincidente entre especialistas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó que sólo para 2020, la carga pensionaria alcanzará 4.5% del PIB, con lo que la propuesta de cambios al sistema de Afore del Ejecutivo federal no ataca el problema estructural.
“La crisis vino a cambiar todo el panorama, pero este tema no es nuevo, llevamos tiempo discutiendo y si no es en este momento que se incluyan más cosas, pueden pasar otros 25 años para hacer cambios y las implicaciones generacionales serían grandes”, dijo la investigadora del CIEP, Alejandra Macías.
Para el especialista en la materia, Pedro Colmenares, la propuesta de modificaciones al SAR no debe verse como una reforma de pensiones, ya que se trata solamente de cambios paramétricos que atacan problemáticas específicas del IMSS.
“Lo bueno de la iniciativa es que sucedió a partir de un acuerdo político y nos deja el mensaje de que sólo así se puede avanzar para atender los problemas nacionales.
“Lo malo es que una iniciativa pequeña respecto del desafío total de la agenda enorme del régimen del Seguro Social y de los otros sistemas de pensiones... Lo feo es que todavía no se enfoca el verdadero problema que tenemos que es tener un método universal de protección”, dijo.
Para el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, y actualmente consultor de la firma Integralia, se está desaprovechando un gobierno con alto grado de aceptación entre los mexicanos, un Congreso que le favorece y la posibilidad de avanzar en cambios más profundos.
“Es uno de los tres problemas o retos que enfrenta el país para los próximos 30 años. Hay muchos diagnósticos y por alguna razón que me temo es por política, se decidió autoconstreñir la reforma”, dijo.
