El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos chocolate.
De esta manera, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.
El gobierno federal sostiene que está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, “como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país”.
El decreto aplica en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con el DOF, hasta el momento se han regularizado aproximadamente un millón 916 mil 327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país.
Ahora se cuenta con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos, para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos, aseguró el gobierno federal.
Además, con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente 4 mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.
“Una nueva ampliación al decreto no hace más que evidenciar el fracaso del mismo, no es posible que en un año nueve meses que lleva de vigencia no se haya podido regularizar los vehículos de contrabando, ya que estos siguen entrando y circulando por aduanas y carreteras con la complacencia de autoridades y el crimen organizado, que se beneficia del mismo”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.
Insistió en que no hay necesidad de que el decreto permanezca vigente en 17 estados cuando más de 50% de las legalizaciones se da en apenas tres entidades fronterizas.
Además, agregó que con la modificación para regularizar a los vehículos ilegales ensamblados en Europa y Asia es evidente que en vez de acabar con este fenómeno esto continuará ante la nula acción de las autoridades por realmente atacar el problema de raíz.
El problema no acaba ahí, agregó, ya que se empiezan a ver más inconsistencias en la operación del Registro Público Vehicular (Repuve), organismo encargado de llevar a cabo la regularización y que opera en la obsolescencia total, “poniendo en duda no sólo que se estén emplacando correctamente las unidades extranjeras, sino también las nuevas nacionales, y exponiendo la información pública sobre el estado legal del parque vehicular en circulación”.
La AMDA, expuso Rosales, seguirá evidenciando los errores de tal medida federal en tanto este fenómeno siga siendo la regularización sin fin.