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De aprobarse los cambios constitucionales que plantea la reforma eléctrica, los inversionistas nacionales y extranjeros que participan en el sector no podrán recurrir a los amparos y sólo podrán solicitar indemnizaciones por daños, explicaron especialistas.
Sin embargo, los socios comerciales de México pueden recurrir a represalias arancelarias, mismas que derivarían en una “guerra comercial”, advirtieron.
En el caso de que se apruebe la iniciativa, “el riesgo de que se eche para atrás la reforma será mínimo”, dijo el abogado Bernardo Cortés durante el foro Immex 2021 Innovación, Tecnología y Desarrollo Sustentable en la Industria Manufacturera.
“No veo [que haya] una ola de amparos básicamente porque hay una ley expresa que dice que contra reformas a la Constitución no procede el juicio de amparo”, explicó el experto.
El socio de Agon y exjefe negociador técnico del T-MEC, Kenneth Smith Ramos, dijo que México tiene compromisos internacionales, por lo que no se cuenta con un “cheque en blanco”.
Añadió que los socios comerciales tienen dos mecanismos de solución de disputas.
Por una parte, explicó, pueden recurrir a los paneles del T-MEC o acudir a las cortes internacionales para dirimir diferencias.
Para el cobro del daño hay opción de pagar una indemnización o imponer represalias comerciales por el monto afectado, lo que se puede realizar vía aranceles.
CCE detalla afectaciones
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la iniciativa de reforma constitucional para la industria eléctrica del país presentará serias implicaciones tal y como se planteó, como la creación de un monopolio y afectaciones al mercado.
En el documento Una reforma que lastima a México, el organismo empresarial dijo que, de aprobarse la propuesta, se destruirá el mercado eléctrico, al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al operador independiente que es el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y con ello la CFE se convertirá en juez y parte.
Alertó que se creará un monopolio en el sector que estará a cargo de CFE, porque consumidores domésticos, industriales y comerciales sólo podrán comprarle a la empresa del gobierno.
Asimismo, cancelará todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada, con efectos confiscatorios, equivalentes a 44 mil millones de dólares de inversión privada.
De acuerdo con el sector empresarial, se abrirán implicaciones graves por el aumento en el costo de la electricidad, ya que la CFE genera energía hasta 252% más cara que la el sector privado; al obligar a las empresas a comprar energía al monopolio estatal, a precios más altos, se generarán presiones inflacionarias.
¿Tercer strike?
En el análisis ¿Tercer strike? La política y los costos de la reforma eléctrica de AMLO, CitiBanamex advirtió que la aprobación del plan eléctrico provocará costos por 85 mil millones de dólares en daños potenciales y compensación a entidades privadas, así como un deterioro de la perspectiva macroeconómica del país y la pérdida del grado de inversión.
