La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se manifestaron en contra del empadronamiento de vehículos ‘chocolates ’ o ‘chuecos’ bajo el falso argumento de promover la seguridad pública , ya que atenta contra el marco jurídico del país
Lo anterior, debido a que el gobierno de Tamaulipas y su Congreso pretenden brindar engomados a los vehículos usados internados ilegalmente mejor conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que circulan por esta entidad de manera irregular.
AMDA y AMIA indicaron que esto viola la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, por lo que rechazan completamente esta medida y demandan que el gobierno de Tamaulipas cumpla con los compromisos vigentes que firmó en 2015 y 2016 para acabar con este problema y no alentarlo.
Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización.
Por lo que la estancia de éstos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, el pago a la Secretaría de Finanzas de alrededor de mil 500 pesos sería anual más el pago de una póliza de seguro.
Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, dijo que la justificación del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos chuecos.
El sector automotor exhortó al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, así como a Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del SAT y a Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación, a aplicar sanciones por violaciones al Convenio de Coordinación Fiscal y al Código Fiscal de la Federación por este caso.