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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales que anunció el 27 de junio en Baja California.
Mediante un oficio dirigido al titular del Ejecutivo , refirieron que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero "es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011”.
En un comunicado, AMDA destacó que la importación de vehículos usados es factible de conformidad al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado, por instrucciones del propio Presidente, en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2020.
Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, agregó AMDA, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos es un delito que beneficia a organizaciones criminales.
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“En los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso”, aseguró AMDA.
Los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como salvage, pérdida total o chatarra, no pueden importarse al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros.
Si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, a costa de la violación sistemática y concertada de la ley, apuntó AMDA.
Los distribuidores expusieron que la regularización de vehículos ilegales afectará al patrimonio de los ciudadanos propietarios de vehículos en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización.
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“La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país”, indicó AMDA.
Los distribuidores detallaron que, de acuerdo al Decreto para la importación definitiva de vehículos usados, no se puede permitir la importación de vehículos usados al territorio nacional sin respetar las regulaciones y restricciones establecidas por el Presidente de la República en dicho Decreto.
“Sería lamentable que en plena crisis económica y sanitaria se busquen instrumentos que hieran no sólo al mercado interno sino al estado de derecho y al patrimonio de los mexicanos”, destacó AMDA.
La Asociación agrupa a 2 mil distribuidores de vehículos nuevos en el país, genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos.
cev
