Algunas políticas públicas que abandera la Cuarta Transformación pueden ser violatorias de acuerdos comerciales que tiene México, como el T-MEC (Estados Unidos y Canadá), el TIPAT o TPP-11 (Asia y Pacífico), o el TLCUEM (Unión Europea).
El sector privado y expertos afirman que las iniciativas del gobierno pueden llevar a paneles de controversia o batallas comerciales y legales con sus socios.
Reformas como la de la ley de la industria eléctrica, el impedimento para la entrada en operación de proyectos de fuentes renovables, la eliminación de órganos reguladores autónomos, disposiciones contra el algodón transgénico y la determinación de eliminar gradualmente el uso de glifosato y de maíz transgénico, o la reforma a la ley del Banco de México, son algunos de los proyectos que pueden romper con los acuerdos suscritos en los distintos tratados.
Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador del T-MEC y socio de AGON, puso como ejemplo que en el acuerdo norteamericano se estableció que se deben tener autoridades capaces de garantizar la libre competencia, así que quitarle capacidades técnicas para incorporárselas a una dependencia de gobierno se le resta autonomía y se puede abrir un panel contra México.
En este caso aplica el proyecto que plantea eliminar los órganos reguladores autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, propuesta que va contra el artículo 17 del capítulo 18 y del artículo 1 del capítulo 21 del T-MEC.
En el caso del TIPAT o TPP-11, en el que participan Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, así como en el propio T-MEC, el gobierno mexicano acordó la participación del sector privado en la industria eléctrica, compromiso que queda a la deriva con la contrarreforma que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, detalló el experto.
Smith explicó que hay otros temas que pueden surgir, como “los cuestionamientos en el comité de reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra México, al quejarse de las nuevas reglas de alimentos y bebidas etiquetados preenvasados. Es otro asunto que pueden sacar a relucir, sobre cómo se llevó a cabo la elaboración de la norma”.
El coordinador del Laboratorio de Análisis Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo que temas como el energético, el ambiental o desaparición de organismos autónomos, “pueden llevar a tribunales o paneles”.
A las disputas que pueden emprender socios comerciales con México también se puede sumar el proyecto de eliminar la figura del outsourcing, porque así como se plantea se viola el capítulo 31-A del T-MEC, comentó el experto.
Otro tema que no está exento de polémica es la corrupción, suscrito en el capítulo 27.2.
También se suman los compromisos ambientales del capítulo 24 del mismo T-MEC, un tema en el que el gobierno de Joe Biden estará atento para su cumplimiento, dijo Martínez.
“Ahora que Biden firmó la orden ejecutiva para reincorporarse al acuerdo de París, así que van a presionar a México para que cumpla el acuerdo. Ahí puede estar otro frente a abrirse, por ser la carta fuerte de la vicepresidenta Kamala Harris”, añadió.
Confederaciones y cámaras tanto nacionales como extranjeras coinciden en que las políticas de la administración actual pueden provocar controversias.
Recientemente la Cámara de Comercio del Canadá en México (Cancham) advirtió que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo mexicano va contra los capítulos de buenas prácticas regulatorias, coherencia regulatoria y empresas del Estado.
La US Chamber of Commerce y la American Chamber Mexico (Amcham) coincidieron en que de aprobarse la reforma eléctrica y devolverle el monopolio a CFE se viola el T-MEC.