Los efectos negativos por los cambios en materia de energías limpias profundizarían la recesión económica, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
También, indicó, se pondría en riesgo la eficiencia, calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional a mediano y largo plazos.
Los ejecutivos mostraron su preocupación por la nueva política energética, ya que se genera un ambiente negativo para la inversiones privadas nacional y extranjera.
Destacaron que con ello se manifiestan condiciones de incertidumbre jurídica que inhiben la competencia, cuando el país atraviesa por una profunda recesión económica que requerirá de una activa participación de ese sector para la recuperación económica y del empleo.
Por su cuenta, las confederaciones Patronal (Coparmex) y de Cámaras Industriales (Concamin) coincidieron en que la forma en que se emitió el acuerdo violentó la ley, dañó la imagen del país e incrementa la incertidumbre jurídica.
Explicaron que el gobierno federal incumplió la normatividad al exentar de consulta pública el acuerdo que desplaza a los generadores de electricidad más eficientes, y favorece a las plantas generadoras convencionales altamente contaminantes, que son en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad.
Señalaron que la Secretaría de Energía pidió la exención del Análisis de Impacto Regulatorio para no realizar el consenso y proceder a la inmediata publicación del pacto en el Diario Oficial de la Federación en su versión vespertina del viernes, “lo que viola el Estado de derecho.
“El gobierno federal vuelve a exacerbar la incertidumbre jurídica e inhibe la creación de futuros empleos, al pretender cambiar las reglas del mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron las inversiones en su momento, que desde 2014 que entró en vigor la reforma energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias”, expresó la Coparmex.
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo: “Nuevamente es un mensaje contradictorio (…) Se decide tomar una decisión que a todas luces sólo responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad”.