Acotar la figura de subcontratación a plazas especializadas puede desmotivar el uso de este esquema en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y que éstas opten por seguir en la informalidad, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
Además, en términos de sanción, las autoridades han sido “permisivas” y poco orientadas a “vigilar las prácticas ilegales”, agregó.
El eje de la reforma se centra en cinco temas: registro nacional, fortalecimiento de la figura de las inspecciones, subcontratación acotada, especialización y transparencia en contrataciones.
Leñero comentó que desde el CEEF se respaldan los dos primeros puntos, pues la subcontratación representa una plataforma para pasar de la informalidad a la formalidad en contratación, pero para lograr ese objetivo la “vigilancia por las autoridades y la debida sanción son fundamentales, prácticas que hoy son ausentes”.
Aseveró que el desafío se observa en los apartados tres, cuatro y cinco, referentes a que no se podrá abarcar todas las actividades de una empresa al tercerizar, sino que la subcontratación se justificará por el carácter especializado de las tareas.
En México existen 4.2 millones de mipymes, las cuales aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 70% del empleo.
En los últimos cinco años la modalidad de subcontratación creció 31% en México y es fuente de empleo para 4 millones 685 mil 356 colaboradores, es decir 13% del personal ocupado en el país, de acuerdo con cifras del Censo Económico 2019 del Inegi.
El presidente del CEEF detalló que la llegada de una nueva reforma para subcontratación es oportuna, ya que es un mecanismo de administración para la fuerza laboral que debe vigilarse.
No obstante, dijo, la estructura de esta reforma debe “ser realista” respecto a la situación de las empresas.
Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH) que agrupa a las 28 principales empresas de tercerización de personal en México, se expresó a favor de la regulación de la industria, para mejorar las prácticas de subcontratación.
La AMECH recomendó que, en el supuesto de que la contratista no cumpla con el pago de la obligación laboral y de seguridad social, la empresa contratante será solidariamente responsable de las prestaciones omitidas.
En el nuevo dictamen se establece la prohibición de facturar la subcontratación de personal bajo otro concepto para evitar el pago de impuestos.
“En nuestra consideración, únicamente recomendamos señalar la prohibición sin mencionar la finalidad, pues esta impone a la autoridad una carga probatoria innecesaria y difícil de demostrar”, comentó el titular de la AMECH.
“Coincidimos en la búsqueda de competitividad en igualdad de condiciones, a través del cumplimiento de obligaciones y generación de empleos formales y bien pagados”, manifestó.