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Además del narcotráfico, corrupción y evasión fiscal, están creciendo como una amenaza los ciberataques y delitos ambientales, advirtió el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
“Delitos de gran calado como el narcotráfico, la corrupción, el fraude y evasión fiscal, así como el contrabando a los que se le añadieron los ciberataques y ambientales, que si bien no son nuevos, tienen una tendencia cada vez a ser importantes”, señaló el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT, Gustavo Vega.
En el panel sobre la descripción general del beneficiario final, una de las recomendaciones antilavado del grupo, en el marco del lanzamiento del informe de Transparencia Fiscal en América Latina de la OCDE, explicó que representan un peligro en el combate de lavado de activos.
Mencionó que también destaca el tema de las empresas fachada , el uso de compañías off shore, acciones al portador y de los directores nominales.
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“Siempre hay una mayor concentración en ese tipo y uso y de delitos, lo encontramos más en el análisis de tipologías de lavado de activos en los países y en las evaluaciones de riesgo de los países miembros”, puntualizó.
El experto del grupo antilavado para la región de América Latina estableció que los países pueden tener un marco jurídico institucional fuerte, pero con la pequeña vulnerabilidad en la parte del beneficiario final.
Con ello, advirtió, mucho de ese trabajo tendrá menos peso al comentar que eso es lo que encuentran en las evaluaciones mutuas, para ver qué tanto están cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI y la efectividad en la implementación.
“Independientemente de que los países hayan tenido buenas calificaciones en el cumplimiento técnico y que tengan una base legal sustentada, en la práctica tienen bastantes retos para ser efectivos”, señaló.
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En su oportunidad, la subdirectora del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Grace Pérez-Navarro, refirió que los requisitos de transparencia para aplicar al beneficiario final sirven para disuadir a través de reglas que hagan más difícil el ocultamiento de actividades ilegales, como el fraude y evasión fiscal.
“La transparencia del beneficiario final es indispensable para detectar e investigar el fraude fiscal y establecer los hechos necesarios para acciones judiciales”, afirmó.
También dijo que se trata de información confiable para que las autoridades puedan proteger los sistemas financiero y fiscal de un país.
Algunos de los objetivos de esta política son prevenir el lavado de dinero, detectar la corrupción y otros flujos de recursos de operaciones ilícitas, y evasión fiscal, puntualizó.
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También puede facilitar la recaudación de impuestos , agregó, ya que las autoridades fiscales pueden realizar sus actividades con el intercambio de esta información que puede ser muy útil para captar ingresos tributarios.
De igual forma, la información de beneficiarios finales ayuda a las empresas a conocer con quien se relacionan para prevenir negocios ilícitos, manifestó.
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