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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Al sector privado le preocupan las iniciativas que se generan en el Congreso de la Unión por el impacto que pueden tener, como considerar un delito de crimen organizado el uso de facturas falsas, así como la ley de etiquetado.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que hay iniciativas que “sacan” los legisladores y que pegan al motor de la economía.
“Hay muchas iniciativas que nos dañan y que deben analizarse porque afectarían el crecimiento y la inversión, que es justo lo que requiere el país”, dijo.
Recordó que está también el tema del etiquetado de productos, un asunto en el que “no podemos ser radicales” porque se tendrían afectaciones en la industria.
El problema es que “no se miden” los efectos y consecuencias que habría de aprobarse todo lo “que se les ocurre”.
Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, explicó que les preocupan las iniciativas que han surgido, por lo que ya se habló con todos los partidos políticos, en especial sobre la iniciativa para combatir la defraudación fiscal a través de facturas falsas.
Lo que se tendría que hacer es diferenciar sustancialmente entre las organizaciones delictivas y los empresarios, porque si la defraudación fiscal se equipara a delincuencia organizada, eso implica que un dueño de empresa puede tener prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza y puede perder sus propiedades vía la ley de extinción de dominio.
Agregó que expusieron las posibles afectaciones a los grupos parlamentarios, y esperan que se tomen en cuenta las inquietudes.
Anticorrupción. Representantes de la iniciativa privada y el gobierno acordaron abrir una línea de comunicación para que los empresarios hagan denuncias de hechos de corrupción a fin de acabar con ese ilícito, destacó Salazar Lomelín.
Con esta herramienta se evitará que los funcionarios extorsionen a la iniciativa privada.
