Sr. Director:
El día 10 de junio de 2020 se publicó la columna titulada “Opinión-Romero y Elvira: ¿quién toma las decisiones en Pemex?”, de Mario Maldonado, en la que se relataba una serie de impresiones y opiniones con relación a las actividades ciudadanas y económicos del suscrito y de la empresa Secure Witness de México S. de R.L. de C.V., razón por la cual hago ejercicio del derecho de réplica y rectificación:
El suscrito en ningún momento empleé mi activismo ciudadano para obtener o gestionar ninguna clase de contratos con el Gobierno de la Ciudad de México, ya que todo contrato público que haya obtenido u obtenga en el futuro la empresa Secure Witness de México S. de R.L. de C.V., es con apego y cumplimiento a las normal de derecho aplicables y vigentes.
Ahora bien, que el suscrito ejerza mi derecho de participación y asociación ciudadana no tiene nada que ver con el trabajo que desempeña la empresa Secure Witness de México S. de R.L. de C.V.; sino que cumplo con el deber ciudadano de “formar ciudadanía”. Por ello resulta que lejos de sustentar el respeto y ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, la columna en cuestión denota que sólo es con la intención de dañar a los solicitantes, y en particular al suscrito al tratar de atacar mi activismo ciudadano.
Dennis Stevens
Representante de la empresa Secure Witness de México S. de R.L. de C.V.
RESPUESTA DEL COLUMNISTA
Con relación a la carta enviada por Dennis Stevens, hago las siguientes precisiones:
1.- El contenido de la columna a la que se hace referencia se sustenta exclusivamente en las denuncias recibidas por la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la alcaldía Miguel Hidalgo, mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas y los respectivos Centros de Denuncia y Atención Ciudadana, en las que se solicita que el señor Dennis Stevens sea investigado por la probable comisión de delitos como evasión fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, colusión y uso de información privilegiada.
De acuerdo con las denuncias ingresadas el 4 de junio de 2020, a las que tuvo acceso este medio de comunicación, Dennis Stevens obtuvo los contratos SSP/BE/S/406/2014 y SSP/BE/A/460/2015 con la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, en 2014 y 2015, respectivamente, años en los que ya se desempeñaba como Coordinador del Comité Ciudadano de Lomas de Virreyes, en la Miguel Hidalgo, cargo que es verificable en las bases del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, correspondientes a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013-2016 (http://www.iecm.mx/www/secciones/participacion/2013-2016/integrantes_ccycp_2013_2016.pdf).
Uno de los acuerdos se concretó el 15 de noviembre de 2014 para el mantenimiento evolutivo de las cámaras instaladas en las patrullas de la dependencia, por 3 millones 198 mil pesos, entre su empresa, Secure Witness de México (folio mercantil electrónico en el Registro Público de la Propiedad 455591-1), y la dependencia local.
El segundo se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2015 para la adquisición e instalación de un sistema informático de videograbación en patrullas de esa Secretaría, por 53 millones 462 mil 500 pesos, por lo que el monto total fue de más de 57 millones de pesos.
2. A la fecha, las autoridades aún no deslindan responsabilidades con relación a la probable comisión de estos delitos, por lo que ningún personaje externo puede determinar si en Secure Witness de México S. de R.L. de C.V. se ha actuado con apego a los lineamientos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y otras leyes y reglamentos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicables en la materia.
Mario Maldonado