En México ocurren alrededor de 2.8 millones de choques al año, de los cuales uno de cada tres genera lesionados , situación que se traduce en un costo de 150 mil millones de pesos , lo que equivale al 1.7% del PIB , informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Los gastos que genera un accidente automovilístico son cercanos a 25 mil pesos en promedio, pero hay casos que han alcanzado los 4 millones de pesos, según la magnitud del percance. Tan sólo en 2018, las compañías de seguros pagaron 68 mil millones de pesos por estos siniestros.
Al mismo tiempo, solamente tres de cada 10 vehículos que circulan en el país, cuentan con un seguro de protección a víctimas de accidentes viales (responsabilidad civil o daños a terceros); por lo que México se posiciona como una de las naciones pertenecientes al G20 y la OCDE , que no cuenta con una política pública para proteger a los afectados mediante estos instrumentos financieros.
Existe un 70% de probabilidades de que el conductor responsable no tenga la posibilidad de cubrir y transferir los costos, ni de afrontar los daños a las víctimas; por ello, es común que el desembolso lo cubran los familiares del afectado, señaló Recaredo Arias , director general de la AMIS .
Además, la asociación destacó que México ocupa el tercer lugar en América Latina por fallecimientos a causa de accidentes viales, pues cada día mueren 22 jóvenes de entre 15 y 29 años por esta razón, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública . Sin embargo, la cifra llega a 17 mil mexicanos finados al año, según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) .
Los accidentes viales, además de ser un problema de salud pública en nuestro país, también representan una de las principales causas de pobreza para las familias afectadas. Por otro lado, del total de víctimas mortales, 35% son jóvenes. De estos, 64% son automovilistas, 27% peatones, 8% motociclistas y 1% ciclistas.
Por ello, el seguro obligatorio de protección a víctimas viales , debe ser visto como una garantía para proteger la vulnerabilidad de los peatones, usuarios de transporte público, ciclistas, motociclistas y otros conductores expuestos, ya que siete de cada 10 personas que sufren alguna discapacidad permanente, no vuelven a conseguir un empleo bajo las mismas condiciones de productividad económica.