Durante el año pasado, 179 mil 923 negocios cancelaron inversiones en México debido a que fueron víctimas de algún delito, cifra que representa 15.2% del total de las unidades económicas afectadas por el crimen, mostró la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas publicada ayer por el Inegi.
Entre las entidades que reportaron el mayor número de negocios que cancelaron proyectos de expansión debido a la inseguridad destacan la Ciudad de México, con 23.8 mil casos; Estado de México, 23 mil; Guanajuato, 15.7 mil; Puebla, 14.5 mil; Michoacán, 9.8 mil, y Veracruz, con 8.6 mil.
Sólo esas seis entidades concentran 53% del total de las empresas víctimas que tomaron la decisión de no llevar a cabo sus planes. Lo anterior se debe a que son estados que concentran gran cantidad de empresas en operación y/o registran altos niveles delincuenciales, se detalla.
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Tomando en cuenta la tasa de prevalencia, es decir, el número de negocios que cancelaron sus inversiones entre el número de víctimas del delito por estado, se puede tener una idea más cercana de cuáles son los lugares donde la inseguridad limitó más los proyectos empresariales.
Destaca el caso de Guerrero, con 26.8% de las empresas víctimas que cancelaron sus inversiones y con la tasa más alta a nivel nacional. Le siguen en orden de importancia Zacatecas, con 26.6%; Tlaxcala, 25.6%; Guanajuato, 24.5%; San Luis Potosí, 23.7%, y Michoacán, 20.5%.
Se estima que en 2021 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas totalizó 120.2 mil millones de pesos, equivalente a 0.67 % del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho costo fue 52% inferior a los 250.2 mil millones observados en 2019, que representaron 1.2% del PIB.
Pandemia limita delitos
El año pasado se generaron 2.9 millones de delitos asociados a 1.2 millones de unidades económicas víctima, cifras inferiores en 25.6% y en 20.0%, respectivamente, a los 3.9 millones de delitos y 1.5 millones de negocios afectados en 2019.
Este comportamiento se debió principalmente al impacto de la pandemia con el cierre de establecimientos y el confinamiento por la emergencia sanitaria, con efecto directo en la disminución de los delitos, del número de las víctimas y de los costos tanto de la victimización como de la prevención, explicó Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi.
Pese a esta contracción, la llamada cifra negra, es decir el porcentaje de delitos contra empresas que no fueron denunciados o de los cuales no se abrió carpeta de investigación se ubicó en 91.5%, cifra similar al 92% reportado dos años atrás, la tasa más elevada desde que inició su registro en 2011.
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Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de empresas víctima destacan la pérdida de tiempo, con 37.5%, y no tener pruebas, con 18.1%.
La parte principal de la cifra negra es reflejo de la interacción que tienen las víctimas con las autoridades. Además, 60% de la cifra negra se debe precisamente a que las empresas desconfían de la autoridad o consideran que denunciar es un acto que implica mucho tiempo, comentó Franco.
Incluso, es posible observar las diferencias en cifra negra entre las empresas por tamaño: cuando se trata de una firma grande, la cifra negra es de 65.8%, mientras que en un micronegocio llega a ser de 92.8%, arriba del promedio nacional.
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