La Procuraduría Fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), integraron 17 asuntos de grandes contribuyentes que globalmente adeudan más de 55 mil millones de pesos (mmdp).
De acuerdo con el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, los jueces que llevan los casos de los contribuyentes han retardado indebidamente la impartición de justicia.
Padilla informó que en 14 de estos casos no se ha permitido realizar las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales y han obstaculizando la recuperación de estos recursos.
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Asimismo, dijo que de los 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes, en 82% de ellos “el Poder Judicial de la Federación ha impedido que se llegue a la puerta de acceso del proceso”.
El procurador compartió que existen tres casos donde los jueces o magistrados han evitado el avance de los juicios o procesos penales por un total de 80 mil millones de pesos.
Estos obstáculos, según el funcionario federal, han afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura.
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En su participación, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó que una empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo anterior ocasionó un perjuicio al pueblo por casi 300 millones de pesos.
Por los hechos ocurridos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, busca llevar a juicio a los responsables.
También señaló que el juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
El juez “ha sostenido que no está facultada para defender los recursos del pueblo, por lo que ha desconocido la calidad de víctima de la dependencia y ofendido el proceso penal, resolviendo incluso en contra de los criterios de la SCJN”.
Compartió que “una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos y, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”.
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