Más Información
Por Jorge A. Charles Coll*
Cuando una sociedad se encuentra expuesta a períodos prolongados de alta incidencia delictiva y a los niveles de violencia que se asocian a éstas, ocurre un fenómeno colectivo en el que, con el tiempo, se redefinen los niveles de tolerancia que como sociedad se tiene por esos hechos. Los individuos, de todas las edades y características, comienzan a experimentar un proceso de desensibilización ante las atrocidades a las que de manera cotidiana están expuestas, de tal forma que les parece inevitable o trivial, incluso puede llegarse a generar una apología por la violencia y el delito. Lo anterior no significa que los individuos de alguna manera acepten la violencia tras un proceso de aprobación colectiva, más bien se podría interpretar como un fenómeno de resignación social que asimila el contexto en el que se vive y que le obliga a adaptarse a las circunstancias que lo rodean.
Pero más allá del fenómeno mismo, vale la pena reflexionar en la implicación que esta situación puede tener en los niveles de exigencia que una comunidad establece en las autoridades para los niveles de incidencia mínima que está dispuesta a tolerar para algunos delitos, en especial para los que se consideran como de mayor impacto como lo es el secuestro.
Pocas veces reflexionamos sobre la manera en que las instituciones deben establecer sus objetivos en cuanto a la cantidad en que la incidencia de delitos se debe reducir. Las estrategias oficiales normalmente se establecen en función de reducir en alguna proporción o porcentaje la ocurrencia de delitos en alguna región en particular, sin embargo, al establecer un porcentaje como referencia se relativizan las metas a los niveles que en cada momento y lugar pudieran existir, de tal manera que no es lo mismo reducir en 50% la incidencia de secuestros en un estado como Aguascalientes, con 3 averiguaciones previas en promedio al año, que en Tamaulipas con 249.
En otras ocasiones lo que se busca es que converjan las cifras a una media nacional para lograr una suerte de homogenización de la incidencia delictiva, esto podría ser una mejor forma de definir objetivos, sin embargo también cuenta con el problema de que la media es relativa no solo a los niveles más bajos de incidencia sino también a los más altos, de manera que si en un mes la cantidad de homicidios aumenta en Guerrero, el promedio nacional, y por ende la meta, se incrementaría.
Otra opción sería la de realizar una suerte de estudio de benchmark, en el que identifiquemos las mejores prácticas o en este caso, los menores índices de delincuencia que existan en el país y lo establezcamos como meta a lograr. Evidentemente esta medida también es relativa al hecho de que el estado o región con las mejores prácticas, las tiene en relación al resto de los estados dentro de un contexto de alta incidencia generalizada. Es decir, los mejores resultados en un momento no siempre son medida de los mejores resultados que se podrían alcanzar.
Por otra parte, si orientamos los objetivos a las demandas de la sociedad, también podemos correr con el riesgo de que las metas que colectivamente definamos estén influenciadas por el nivel de desensibilización que como sociedad tenemos. ¿Cuántos robos, homicidios, violaciones, etc., podríamos tolerar o considerar como mínimos aceptables si hiciéramos una encuesta o sondeo?
Un buen punto de partida para definir objetivos en nuestro camino hacia un país con niveles adecuados de seguridad, podría ser el reflexionar en cuales delitos de no deben de tener un mínimo tolerable y buscar concurrir de manera normativa en por que no puede haber argumentos a favor de un valor mínimo.
El principal ejemplo es probablemente el delito de secuestro. Existe una gran cantidad de estudios que han identificado los efectos de este delito y han llegado a la conclusión de que es uno de los delitos que más dañan a una sociedad. Su impacto va más allá de los efectos psicológicos y materiales que experimentan las víctimas y sus familias, sino que este delito genera un deterioro generalizado y paulatino en muchos aspectos de la sociedad.
Cuando el desenlace del secuestro es la liberación, las víctimas de este tipo de crimen y sus familias se quedan con un importante desequilibrio emocional después de vivir una experiencia de este tipo. Durante el secuestro, las víctimas son despojadas temporalmente de algunos aspectos de su condición humana y al haber perdido la certidumbre sobre sus vidas y el control sobre lo que les pueda suceder, su nivel de confianza se vuelve mínimo y persiste una gran sensación de desesperanza y pérdida de interés por un entorno que representa ahora una fuente permanente de temor.
La alta incidencia del secuestro en una sociedad, erosiona de manera importante los mecanismos básicos por medio de los cuales una comunidad funciona y puede aspirar a prosperar. En un contexto de alto secuestro el tejido social se deteriora a tal grado que las interacciones entre los ciudadanos se limitan de manera generalizada y esto incide en la generación de un estado de desconfianza generalizada, apatía y baja participación social. En la parte económica, cuando no se cuenta con niveles de certidumbre mínimos en cuanto a la integridad propia y del patrimonio, las aspiraciones productivas de los individuos se ven mermadas, el miedo de ser víctima de secuestro impide la realización de inversiones y emprendimiento.
El estado de Tamaulipas y sus regiones son un lamentable ejemplo de alta incidencia del secuestro. Con niveles que superan la media nacional en más de 800% en algunos períodos, Tamaulipas es por mucho el estado con mayor índice de secuestros en México. Solamente en Junio del 2015 se registraron 27 averiguaciones previas por secuestro en el estado, esta cantidad representa el 26% del total nacional y se necesitaría sumar el número de secuestros ocurridos en 16 estados del país para contabilizar el mismo número, a pesar de que Tamaulipas cuenta con apenas 3.2 millones de habitantes.
Dentro de Tamaulipas el problema se encuentra altamente focalizado en el sur del estado, específicamente en la zona conurbada conformada por los municipios de Tampico, Cd. Madero y Altamira, la cual presenta un promedio mensual de 4.33 secuestros en Julio del 2015, aportando el 21% de los secuestros totales ocurridos en el estado. En el mes de junio de 2015 el índice de secuestros por cada cien mil habitantes se ubicó un 1,138% por encima del índice promedio nacional, este dato es evidencia contundente del enorme problema que enfrenta la sociedad.
El ejemplo de Tamaulipas pone sobre la mesa un caso de estudio en el cual se puede reflexionar sobre la necesidad de establecer objetivos de cero tolerancia para algunos delitos de alto impacto como es el secuestro. Regiones como la zona conurbada de Tampico, Cd. Madero y Altamira no podrán aspirar a reconstruir su tejido social, a recuperar su confianza en las autoridades ni a vislumbrar una sociedad sin miedo y con plena confianza en sus libertades fundamentales si no se erradica por completo el delito de secuestro.
*Director Ejecutivo - Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C.
www.octma.org.mx
@ObservatorioTMA @ObsNalCiudadano
