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El secuestro se ha convertido en uno de los delitos que más afectan la seguridad y percepción de los ciudadanos. Si bien la comisión de este delito no es tan frecuente como la del asalto en la vía pública o un robo de vehículo, tenemos que reconocer su gravedad en términos psicosociales, políticos, jurídicos y económicos, si como sociedad queremos disminuir su incidencia.
En el ONC estamos convencidos de que ampliar las perspectivas de análisis contribuye a mostrar aristas del problema que antes ignorábamos ya sea de manera numérica o bien conceptual. El secuestro representa una grave afectación no sólo para el patrimonio de las personas sino para su libertad y otros derechos humanos fundamentales, además es un reflejo de la prevalencia de la precariedad del Estado de Derecho de cualquier país pues implica que las autoridades correspondientes no son capaces de garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes.
En primer lugar, observamos que la denuncia por secuestro del fuero común, además de presentar una tendencia al alza, se ha expandido geográficamente a más municipios del país. Este hallazgo también se sustenta en que la concentración de la denuncia se ha mantenido en niveles bajos a la par que el promedio mensual de éstas es cada vez más alto, lo cual favorece la dispersión del secuestro en el territorio. Este rasgo resulta muy alarmante, ya que significa que cada vez más comunidades están siendo afectadas por los círculos concéntricos de dolor y miedo que genera el secuestro.
Por otro lado, la evidencia de las averiguaciones previas a nivel federal por secuestro obtenida de una solicitud de información pública a la PGR demuestra que la cantidad total de secuestros no sólo se limita a los registros divulgados por el SESNSP. Por esta razón, evaluar los resultados de la política antisecuestro únicamente con base en los registros del fuero común es a todas luces parcial. Como lo han señalado las autoridades, es probable que haya una cierta cantidad de registros duplicados, sin embargo, no debemos olvidar que los registros federales más bien concentran aquellos secuestros vinculados con la delincuencia organizada. Debido a la gravedad del problema de secuestro es importante tomar en consideración cada una de las privaciones ilegales de la libertad que son cometidas en México y reconocer la magnitud del problema.
Tenemos pues que el delito de secuestro a nivel nacional llegó a su máximo histórico en octubre de 2013 y la tendencia se mantuvo hasta 2014, cuando se experimentaron ligeros decrementos según los datos de las denuncias reportadas por las procuradurías estatales al SESNSP, aunque los números siguen siendo demasiado altos colocándonos en primer lugar del ranking mundial, seguidos de India, Nigeria y Pakistán, según datos de Control Risks. Otro dato preocupante es que entre enero de 2013 y mayo de 2015, se han registrado 3 540 casos de secuestro a nivel nacional. Y de enero de 2013 a mayo de 2015, Tamaulipas registró 568 denuncias por este delito, colocándolo en el primer lugar del ranking nacional por este delito, seguido de Morelos, Tabasco y Guerrero.
En el ONC consideramos que ante la problemática del país en materia de secuestro, cada uno de los actores sociales debemos comprometernos en el ámbito de nuestras competencias. Por último, hacemos un llamado a la ciudadanía a que siga denunciando, pese a la desconfianza o desinterés que puedan sentir, mientras más denuncias tengamos, más información confiable podemos generar y a que se sume a causas que, dentro del marco normativo, buscan erradicar este delito. Como sociedad demandamos seguridad, no la ilusión de seguridad.
Vania Pérez Morales
Christian Eduardo Díaz Sosa
Investigadores del Observatorio Nacional Ciudadano
Twitter: @vaniadelbien @ChristianDazSos @ObsNalCiudadano
