Esta semana, la organización Equis Justicia para las Mujeres acaba de liberar su campaña #EsJustoQueSepas, relativa al derecho que tenemos todas las personas a saber qué está haciendo el Estado por nuestros derechos. Este derecho —que es el del acceso a la información— tiene como su contraparte la obligación del Estado de ser transparente, precisamente para que podamos evaluar su actuación. La transparencia, desde esta perspectiva, es necesaria para una democracia, porque es lo que permite que las que las personas estén involucradas de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones, con información clara. Es lo que permite saber qué se está haciendo bien y qué no, en qué se está avanzando y qué no, qué pasa, pues, con el ejercicio de nuestros derechos. En palabras de Jonathan Fox y Libby Haight: «La transparencia del gobierno permite ver si los representantes efectivamente representan, si los funcionarios realmente funcionan y si el sistema de justicia es verdaderamente justo.»
Si bien el derecho a la información está garantizado en la Constitución mexicana desde 1977, el acceso efectivo a él —vaya sorpresa— sigue sin poderse garantizar en todos los casos. Uno de ellos es, precisamente, el del Poder Judicial. A pesar de la importancia que tiene este Poder para el ejercicio de nuestros derechos —los y las juezas son quienes se encargan de dirimir los conflictos cotidianos relacionados, precisamente, con el ejercicio de nuestros derechos—, sigue mostrándose renuente a incorporar la transparencia en su actuar. Al menos eso es lo que se deriva del diagnóstico que Equis acaba de liberar sobre el cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales locales de la obligación de transparentar sus sentencias.
Este diagnóstico responde, básicamente, a una pregunta: ¿es posible acceder, de manera fácil, clara y rápida, a las resoluciones de los y las juezas del país? Conforme a los criterios de evaluación que siguieron, la respuesta es no. Ningún poder judicial local cumple de manera satisfactoria con lo que exige la transparencia en cuanto a la publicación de sus sentencias se refiere.
Fueron múltiples los puntos específicos que analizaron en Equis para llegar a esa conclusión. Empezaron, por ejemplo, revisando las leyes locales de transparencia, para ver si contemplan de manera textual la obligación de publicar sentencias o no. La mayoría sí establecen que se deben publicar (en el 91% de las entidades federativas); pero algunas no ordenan que se publiquen todas las resoluciones, sino solo las «relevantes o de interés general». ¿Cuáles son las sentencias «relevantes o de interés general»? No sabemos. ¿Quién lo decide? Tampoco.
Del análisis de las leyes, pasaron a ver los portales cibernéticos de los poderes judiciales locales. ¿Publican, de hecho, sus sentencias en línea? En 15 entidades federativas (47%), no. En las 17 entidades en las que sí se publican, sin embargo, no en todas se hace con apego a los principios de la transparencia. Por ejemplo: si bien tienen las sentencias en línea, no cuentan con un buscador o, si sí, es casi imposible utilizarlo. ¿De qué sirve tener un universo de sentencias disponibles si no se cuentan con las herramientas para identificarlas? ¿Para saber de qué tratan? ¿Qué resuelven? ¿En qué se basan?
Conforme al panorama actual, está prácticamente garantizado que la única manera de que salgan a luz las injusticias que se cometen en los juzgados es si quienes las padecen cuentan, de antemano, con los medios para denunciarlas. Algo que muchas personas —¿la mayoría?— no tienen. La opacidad garantiza la discriminación: que las historias de quienes no cuentan con recursos y con apoyo queden en el olvido. Que ni siquiera sean una estadística, porque para serlo, tienen que ser visibles de alguna manera. En este sentido, la transparencia también es un mecanismo de igualación, al permitir que todas las injusticias salgan a la luz y que, con ello, se puedan detectar los grandes patrones de discriminación.
Por eso, como concluye el diagnóstico de Equis, «la sociedad necesita apropiarse del derecho y construir junto con el Poder Judicial nuevas formas y prácticas de impartición de justicia, alejadas de la discriminación, los intereses de clase, la política, y el establecimiento de un orden social basado en la superioridad de unas personas por sobre la opresión de otras. [Y] por eso, es justo que sepas de justicia.»