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A nueve años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México es más urgente que nunca reflexionar sobre cómo la autonomía reproductiva sigue sin ser reconocida en otros estados de la república mexicana. La interrupción del embarazo por voluntad de la mujer hasta la doceava semana sigue siendo una exclusiva de la Ciudad de México, donde se ha construido un programa de atención que da servicio a las mujeres sin importar su procedencia.
Hace nueve años, un 24 de abril de 2007, los diputados y diputadas locales votaron las reformas al código penal y a la ley de salud del (entonces) Distrito Federal, con lo que la despenalización del aborto se hizo efectiva. Sin embargo, fue impugnada por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en acciones de inconstitucionalidad que no prosperaron. En agosto de 2008 la Suprema Corte ratificó la constitucionalidad de la reforma.
Tras la derrota legal, la maquinaria de grupos antiderechos echó a andar una campaña para impulsar un supuesto blindaje en las constituciones locales, el cual consistía en proteger la vida desde el momento de la concepción. Los grupos antiderechos no consideraron que las modificaciones a las constituciones de los estados no eliminaban las causales legales de aborto contempladas en los códigos penales. El resultado fue generar un clima de persecución y criminalización hacia las mujeres, incluso por abortos espontáneo y emergencias obstétricas.
Es un hecho que por casi una década la Ciudad de México ha recibido a mujeres de todos los estados para interrumpir su embarazo, durante el mismo tiempo ninguno de sus estados fronterizos ha buscado reformar su código penal y su ley de salud para asegurar el acceso a la interrupción legal del embarazo para las mujeres que viven ahí.
Desde 2007 hasta febrero de este año miles de mujeres han viajado fuera de sus localidades para ejercer su autonomía reproductiva: Puebla, estado de México, Hidalgo, Morelos y Jalisco son los principales lugares de origen de estas mujeres. Más de 38 mil mexiquenses han interrumpido su embarazo en el programa de ILE del Distrito Federal, sin que al estado de México le preocupe armonizar sus leyes para reconocer la legalidad del aborto por voluntad de la mujer hasta la semana doce. Una de cada cuatro mujeres que interrumpe su embarazo en este programa no vive en la Ciudad de México.
El programa y sus resultados han sido objeto de análisis desde el punto de vista antropológico, legal y testimonial y en relación con la calidad en los servicios. Sin duda uno de los logros de la despenalización es que se puede hablar de aborto sin el tabú con el que se solía hacer antes de 2007.
La Ciudad de México es la única que tiene datos sobre quienes interrumpen su embarazo: 62% se declararon católicas, tres de cada cuatro tuvieron un aborto por medicamentos, una de las técnicas más seguras; sólo 5 de cada 100 mujeres volvieron a solicitar una segunda interrupción del embarazo.
El programa de ILE, junto con la educación sexual y provisión de anticoncepción tras la interrupción han logrado disminuir el número de abortos. De acuerdo con las cifras obtenidas por GIRE a través de solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Salud local, el número de interrupciones se mantuvo estable de 2011 a 2014, en una cifra de 20 mil 500 mujeres en promedio. Sin embargo, para 2015 el número disminuyó a poco menos de 19 mil.
Mientras que en el resto de las entidades a las mujeres se les trata como incapaces de elegir su maternidad y su proyecto de vida, en la Ciudad de México viven su autonomía reproductiva con plenitud, pudiendo gozar su embarazo como producto del deseo de ser madre y no como una obligación impuesta por la sociedad conservador a través de la restricción estatal. La lucha por el reconocimiento de la autonomía reproductiva de todas las mexicanas sigue vigente mientras celebramos este aniversario: #AbortoLegal9Años.
