México tiene un régimen político autoritario, de eso no queda duda. El ejercicio y goce pleno de derechos en nuestro país no es la regla, sino la excepción. Hay ciudadanos de primera y de segunda y de tercera y de cuarta. Este grado de diferencia en el tipo de ciudadanos que hay en nuestro país es producto de la obscena desigualdad con la que convivimos, no sólo en términos de ingresos sino también en oportunidades y capacidades para el desarrollo. Muy pocas personas en este país pueden desarrollar su proyecto de vida en libertad debido a que: 1) sus objetivas condiciones de vida no les permiten el ejercicio de derechos; y 2) por la acción, omisión o negligencia por parte de los políticos que producen y reproducen esta situación de desventaja. Podemos en abstracto pensar en la inseguridad; en la carestía y desabasto de servicios públicos básicos –como educación, vivienda y trabajo digno-; en el control político y financiero de los espacios que permiten la libertad de expresión pero no la libertad después de la expresión; más las otras tantas que se acumulen en los 3 horribles años que nos quedan de sexenio. No estamos bien y no hay nada que parezca indicar que lo vamos a estar en un futuro. ¿O sí lo hay?
A poco más de un año de la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero y a 47 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco (la dimensión simbólica de las fechas es importante), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su reporte preliminar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, a partir de la visita in loco que realizaron del 29 de septiembre al 2 de octubre. ¿Qué significa que el Estado mexicano haya aceptado que se haya realizado una investigación de este tipo en nuestro país?
Una investigación in loco permite a la Comisión Especial designada para dicha tarea o a cualquiera de sus miembros entrevistar, libre y privadamente, a personas, grupos, entidades o instituciones; obliga al Estado a otorgar las garantías necesarias a quienes suministren a la Comisión Especial informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter y también todas las facilidades para que los miembros de la Comisión Especial puedan viajar libremente por todo el territorio del país; le permite tener a la Comisión especial o a cualquiera de sus miembros acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas; y obliga al Estado proporcionar cualquier documento relacionado con la observancia de los derechos humanos que se considere necesario para la preparación del informe.
Para los calumnistas que trabajan en las cajas de resonancia de los boletines de gobierno y muchos legisladores entusiasmados por quedar bien con El Presidente (con “E” mayúscula y “P” mayúscula), esto representa un firme compromiso con el respeto a los derechos humanos y confirma (sic) las claras (sic) intenciones del gobierno mexicano de colaborar con las instancias internacionales en el esclarecimiento (sic) de los casos. Para otros (incluyéndome), la visita in loco significa el resultado de una negociación política entre la CIDH y representantes del Estado mexicano para aceptar esta investigación a cambio de no ser incluido en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH. Esto porque debido a las modificaciones realizadas en 2013 al reglamento de la Comisión, cuando un Estado haya sido objeto de una visita in loco, no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita.
El mencionado Informe Anual observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y cuando lo considera apropiado publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro, los cuales incorpora en el mencionado Capítulo IV. Para determinar qué país entra en esta desprestigiante sección del Informe, el pleno de la Comisión delibera a partir de ciertos criterios específicos para así tomar una decisión razonada.
El año pasado la CIDH –una vez evaluada la situación de derechos humanos en el continente- decidió incorporar a Venezuela y a Cuba en el Capítulo IV del Informe Anual de 2014 porque considera que se enmarca en el artículo 59, inciso 6) del Reglamento de la CIDH el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en el presente capítulo la existencia de una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana. Que la Comisión integre a un estado Miembro en el Capítulo IV de su Informe Anual representa la posición de mayor desprestigio dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y al parecer, México se salvó por un pelo de rana Campa de estar en esa situación.
Al parecer el gobierno que “no entiende que no entiende” sí entiende una cosa: todo menos el desprestigio internacional. No importa que el reporte preliminar determine que nuestro país vive una grave crisis de derechos humanos, “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”. La situación de ingobernabilidad en el país puede ser ocultada con toneladas de dinero invertidos en medios de comunicación, siempre y cuando sea una Comisión Especial la que lo diga y no el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay balas que no le pegan a este gobierno, pero hay bombas de las que sí se cuidan.
¡Y esto es sorprendente! Dentro de su soberbia y su infinita vanidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha revelado qué sí tiene un límite y que sí hay situaciones intolerables. Uno pensaría que este gobierno, después del último año en donde no sólo no nos han sacado de la crisis sino que regularmente sale una mucho peor a la anterior, “va derecho y no se quita”. Sin embargo, esta situación (sin importar si es o no cierta) presenta elementos suficientes para plantear una sospecha digna de perseguirse: existe un área de oportunidad para lograr que las cosas cambien y salir del atolladero en el que estamos. Frente a los ciudadanos, la oligarquía es ciega, pero frente a la comunidad internacional ahora sabemos (sospechamos) que no todo es tolerable, que no todo pasa desapercibido y que no todo se diluye en la coyuntura. Nuestra oportunidad está en atraer y fomentar la construcción de un frente internacional lo suficientemente fuerte que obligue al Estado mexicano a dejar de simular para que pase de la integración formal de derechos a la implementación efectiva de los mismos. Necesitamos seguir haciendo política pero de manera diferente. Un objeto es sólo tan fuerte como su punto más débil. Ya lo encontramos.