Nuevamente se discute la necesidad de modificar la materia electoral. En 28 años se han hecho seis reformas, una cada 4.5 años. Pasada la elección se alzan voces que solicitan cambios. Una reforma responsable debe beneficiarse de todo el conocimiento disponible.
El INE señaló la urgencia por reformar temas como la fiscalización de campañas y la obtención de respaldo ciudadano para las candidaturas independientes. Por su parte, el Tribunal Electoral advirtió la necesidad de armonizar los medios de impugnación locales y federales, así como el rebase de topes de gastos de campaña.
El Legislativo debe recuperar esas propuestas por dos razones. Primero, porque el INE y el TEPJF tienen el aprendizaje que resulta de operar e interpretar uno de los marcos normativos más abigarrados del mundo. Su visión permitirá desregular, sin poner en riesgo la vigencia de los principios que rigen las elecciones. Segundo, para garantizar pisos más parejos para la contienda. Hay que recuperar estándares internacionales para evitar que las reformas sean meras estrategias entre los actores políticos.
Además, conviene aprovechar que en México tenemos organizaciones de observación especializadas. Atendamos sus recomendaciones. También hay sugerencias altamente aprovechables en informes como el de la OEA, el cual señaló —por ejemplo— la necesidad de atender la violencia política.
Para hacer una reforma responsable, ¿basta con escuchar a autoridades nacionales, partidos y observación electoral? Definitivamente no. Un error cometido en el pasado es emprender reformas sin tomar en cuenta la experiencia de los institutos y tribunales locales. La omisión es grave porque olvida el carácter federalista de nuestro país y desaprovecha la experiencia acumulada en 64 autoridades que operan la gran mayoría de comicios en el país.
Aquí algunos ejemplos de la importancia de consultar a lo local.
Para hacer más baratas las elecciones, se ha considerado la posibilidad de recurrir a instrumentos electrónicos de votación. Sería recomendable platicar con los institutos de Coahuila o Jalisco —pioneros en estas materias—, o bien con el de la Ciudad de México que lleva siete años con votaciones exitosas a través de internet.
El sistema electoral mexicano sigue teniendo déficits para que los pueblos indígenas tengan una representación adecuada. Avanzar en esa materia sin considerar los avances logrados en Chiapas y Oaxaca sería un contrasentido.
La casilla única logró eliminar redundancias, pero trajo efectos secundarios indeseados (y salvables). Cabría revisar cómo incorporar a los institutos locales en la capacitación de funcionarios de casilla, pues trabajan simultáneamente con las reglas federales y locales para recibir y contar los votos.
Debe insistirse en la independencia de los organismos electorales. La valiente defensa jurídica que hizo Morelos para contar con los recursos necesarios para organizar su elección deja en claro que estos institutos deben contar con un mínimo de presupuesto etiquetado, para evitar afectaciones a su autonomía por algún poder público.
El IECM es el único órgano local en el mundo certificado por la ISO-electoral, lo que garantiza que sus procedimientos se apeguen a estándares internacionales. Si se pretende que una reforma que imprima calidad a las elecciones es recomendable recuperar la experiencia capitalina.
Quizás próximamente los institutos tengan una labor intensa para consultar a la ciudadanía en temas de interés público. Hay experiencia acumulada en el ámbito local. Año con año se despliegan ejercicios para resolver temas de consultas ciudadanas, presupuesto participativo o integración de autoridades vecinales.
El trabajo de los institutos locales está acreditado. De las más de 2 mil 700 elecciones, se han anulado menos de 20. ¡Las grandes reformas corren de la periferia hacia el centro!
Consejero Electoral del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
@ yuribeltran