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La igualdad es un principio rector que emana del bloque de constitucionalidad que implica que cada una de las personas pueda gozar de derechos y libertades sin distinción alguna, incluyendo la de sexo o identidad de género.
En nuestra sociedad, la forma en que mujeres y hombres hemos ejercido este derecho, históricamente, ha sido asimétrica. Un ejemplo clave de ello, es el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, que ocurrió hasta octubre del año 1953, hace apenas 65 años. En este mismo sentido, sorprende que la capacidad de las mujeres para emitir el voto fue independiente de su estado civil hasta el año 1969. Es decir, que el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido un sinuoso camino.
La última década se ha caracterizado por materializar el concepto de igualdad sustantiva, en nuestro orden jurídico, sin comparación; por ejemplo, el pasado mes de junio se garantizó a nivel constitucional la paridad, esto es, que puedan acceder un igual número de mujeres y hombres en los cargos públicos, mediante una iniciativa que, con sensibilidad, el pleno de la Cámara de Diputados acogió de manera unánime.
El compromiso con la igualdad sustantiva lo he refrendado desde los distintos espacios en los que he realizado mi vocación de servir. La responsabilidad que ahora ejerzo como legisladora me permite tener la facultad de presentar reformas para reafirmar mi actuar en favor de la igualdad de género. Este periodo propuse una iniciativa que se enfoca a visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres que sucede en las instituciones públicas y en sus entornos.
La violencia es un fenómeno que no hace distinción de sexos, condición socioeconómica o expresiones culturales. Es indispensable erradicar la violencia contra las mujeres, una nación es tan democrática como el respeto y garantía de la dignidad humana que practique.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 45 de cada 100 mujeres fue víctima de algún acto violento, principalmente de tipo emocional, sexual y discriminación en sus centros de trabajo. Por otra parte, en el ámbito de la administración pública federal (APF), en el año 2017 se registraron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual o acoso sexual en 51 instituciones de la APF, lo que revela que en el 91% de los casos registrados las presuntas víctimas son mujeres, por lo que conocer esa información de manera oportuna, llevaría a contar una mayor atención que repercutiría de manera sustancial en la vida de las mujeres y en su desarrollo integral.
En este sentido, la iniciativa presentada modifica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de que se visibilicen las estadísticas de los registros de los casos de violencia de género ocurridos dentro de las instalaciones y en el entorno de los sujetos obligados de dicha ley. Asimismo, para que también se considere el seguimiento de los mismos como parte de sus obligaciones de transparencia. Esto implica que cualquier entidad, órgano u organismo público, tendrá la obligación de hacer públicas dichas estadísticas y de llevar a cabo un seguimiento de las mismas, así como de transparentarlo.
De esta forma, también se da cumplimiento a los compromisos internacionales de hacer pública la información relacionada con la violencia de género. Por ejemplo, El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en sus recomendaciones 19 y 35 establece lineamientos que razonan la importancia de la atención y el combate de la violencia de género, ya sea en el ámbito laboral o en el sector público en general, entre otros temas.
Las estadísticas aportan evidencia sobre un problema que requiere de atención preferente y la manera en que se reportan es fundamental para la visualización del avance en los objetivos de las políticas públicas, además, dar a conocer esta información, empodera a la ciudadanía al dotarla de herramientas que le permitan conocer sus entornos con precisión, y tomar decisiones con base en ello. Por esta razón, se requiere que las instituciones proporcionen las cifras necesarias para dimensionar el fenómeno y dar soluciones viables y efectivas para erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Aún quedan retos por trascender en el camino para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que se imponen iniciativas que objetivicen la realidad para lograr una verdadera transversalización de la perspectiva de género. Es una responsabilidad mínima que tenemos con las generaciones futuras.
Diputada, excomisionada Presidenta del INAI y
ctualmente Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
