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En este espacio he expuesto varias razones por las cuales las autoridades debemos apostar por la transparencia: brinda certeza, contribuye a disminuir brechas de desigualdad y desconfianza, ayuda a entender la toma de decisiones. En 2018 todo ello se sostiene, pero conviene aprovechar los impulsos de inicio de año para comprometernos a realizar esfuerzos adicionales que aceleren y hagan claros ante la sociedad estos beneficios. Eso implica redoblar esfuerzos en la búsqueda de datos, realizar más ejercicios de transparencia proactiva, impulsar el gobierno abierto, ciudadanizar el lenguaje de la información entregada, además de otras acciones. Ilustro a continuación con un ejemplo algunos de estos esfuerzos pendientes.
A raíz de los sismos de septiembre pasado, el acceso a la información mostró su potencial como una herramienta para la exigencia de transparencia en relación con las condiciones de seguridad que presentaban los inmuebles de gobierno. Entre las distintas solicitudes al respecto, una persona pidió a una secretaría del ámbito federal, que se le entregaran, vía electrónica, los dictámenes firmados por autoridades y peritos de Protección Civil, respecto de los inmuebles afectados, pertenecientes a esa dependencia y sus órganos desconcentrados en la Ciudad de México. En respuesta, la autoridad aludió inexistencia indicando que son los directores responsables de obra quienes firman dictámenes, no ellos. Aquello dio pie a que el interesado se inconformara ante el Inai. Ya en alegatos, la dependencia puso a disposición del solicitante, en copia simple, 214 fojas correspondientes a los dictámenes estructurales suscritos por diversos directores responsables de obras.
A pesar de ello, en el análisis que hicimos en mi ponencia del caso, concluimos que la dependencia falló en la forma al no presentar la información de manera electrónica como fue originalmente solicitado; también en el proceso, al no buscar la información en todas las áreas de esa misma dependencia que pudieran tenerla —y que resultó que la tenían—, y finalmente, al no actuar bajo el principio de máxima publicidad al argumentar que puesto que no firmaban dictámenes no tenían documentos relativos en su poder. Todo ello dio pauta para revocar la respuesta de la Secretaría a efecto de que pusiera a disposición del interesado la información en la modalidad solicitada o, en caso de existir un impedimento justificado para ello, lo informe y ofrezca otras modalidades para la consulta.
Ahora bien, otra razón por la cual quise traer a cuento este caso es que el tema mismo potencializa su relevancia: contar con información en materia de protección civil es fundamental para la seguridad de la ciudadanía en general, no sólo de aquellos que laboran en las instancias, sino también de quienes acuden a ellas para realizar trámites o viven en los alrededores. Por eso es especialmente importante ser acuciosos y exhaustivos al atender este tipo de solicitudes.
Hay que recordar que los sismos de septiembre afectaron a 12 millones de mexicanas y mexicanos, en 400 municipios de 10 entidades de la República, muchos de los cuales siguen exigiendo información accesible, confiable, veraz, y oportuna, como lo señala la ley. Continuar demandando información con estas características y estar pendientes de su escrutinio es labor de todos. En sintonía con lo anterior, el Inai impulsó una iniciativa para que la información en poder de los sujetos obligados, relacionada con la atención de la emergencia y derivada de los trabajos realizados para reconstruir y gestionar los recursos donados o destinados para ese fin, sea de interés público y se constituya como una obligación de transparencia.
Este 2018 no soltaremos el tema y le daremos seguimiento; buscaremos con este y otros consolidar el ejercicio del derecho de acceso a la información, como instrumento que cristaliza efectivamente el pleno ejercicio de los derechos de las y los mexicanos.
Les deseo a todos los que leen y comparten esta columna un venturoso inicio de año.
Comisionada del Inai.
@XimenaPuente
