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La rendición de cuentas debe aspirar a ser un proceso permanente y cada vez más amplio, con la finalidad de ir mejorando la información que se pone a disposición de la sociedad. Existen campos en los que eso se vuelve imperativo debido al contexto, la coyuntura o el interés social que los revisten. La seguridad es uno de esos: el flujo de información que al respecto de ésta se desprenda contribuye a estrechar la relación gobierno–ciudadanía, pero también a generar análisis más puntuales, diagnósticos más acertados y políticas públicas más contundentes.
Se trata de un tema íntimamente ligado al Estado de Derecho, ya que de su eficacia dependen las condiciones de libertad del individuo para realizar sus actividades cotidianas y el grado de riesgo en el que se pueden ver implicados su patrimonio y otros bienes jurídicos de su propiedad. Y para avivar la urgencia de la información relacionada con el tema, de conformidad con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 74.3% de los mexicanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
La anterior estadística, a pesar de que refiere a la percepción social, y a que esta puede estar teñida por diversas razones, es consecuente con el hecho de que la incidencia delictiva —uno de los indicadores más relevantes y objetivos para seguir la evolución de la criminalidad a nivel nacional—, sigue en aumento, como prueba el hecho de que en 2015 se reportaron 35 mil 497 casos y en 2016, de 37 mil 17.
¿Qué se debe hacer entonces para atender con prontitud y calidad las solicitudes de información en la materia? Conviene hacer un esbozo de respuesta con un ejemplo reciente tratado en el Inai. Un ciudadano solicitó a un órgano público responsable de estos temas el desglose estadístico de homicidios del fuero federal y del fuero común, así como de crímenes tipificados en distintos rubros, de 2011 hasta el último corte existente. En la respuesta, el sujeto obligado remitió vagamente a la consulta de estadísticas en su página y relacionó algunos documentos complementarios. Ya que no hubo claridad del lugar de consulta en la página y que ciertos rubros solicitados no estaban en los desgloses, el interesado se inconformó.
Independientemente de que los sujetos obligados debemos realizar los esfuerzos pertinentes para atender con la mayor claridad posible las solicitudes de información recibidas, y no tan sólo remitir a las páginas web institucionales, existe un gran rubro de oportunidad que se desprende de que la ciudadanía ejercite su derecho a saber. Nos referimos al análisis y perfeccionamiento permanente de los procesos implicados, por ejemplo, en la construcción de bases de datos, para la atención adecuada de las demandas de información existentes. Es decir, una solicitud de información no sólo exige una respuesta, también impulsa una permanente revisión de procesos institucionales.
Lo anterior lleva a considerar como fundamental el fortalecer las capacidades de las áreas responsables de integrar bases de datos o generar estadísticas para el mejoramiento en los procesos de suministro y administración de la información en los tres órdenes de gobierno. Cuando las bases de datos están actualizadas, en formatos abiertos y en constante perfeccionamiento e interrelación entre ellas, se eleva la posibilidad de satisfacer la solicitud de información recibido y, en esa ruta, mayor podrá ser el bienestar que se aporte a la sociedad.
Es claro que las bases no son suficiente, tampoco lo son las estrategias y acciones aisladas de la autoridad. Es necesaria la articulación y coordinación entre unas y otras para brindar coherencia al desempeño institucional y ayudar así a la dotar de claridad del panorama nacional, así como a la mejor atención de las preguntas relacionadas con nuestras temáticas prioritarias.
Comisionada del Inai. @XimenaPuente
