De las presentaciones de los miembros del gabinete de nuestro nuevo gobierno en la reciente XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, se desprendió claramente que, el objetivo primordial y leitmotiv de su actuación, será el ciudadano y sus necesidades. Esa loable humanista intención concuerda con los postulados de la seguridad humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, priorizando los intereses del ser humano sobre los del Estado, aboga por centrar la agenda internacional en la persona para liberarla de toda amenaza a sus derechos humanos: freedom from want and fear. Por ende, en la reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, se refrendó la adhesión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU –erradicación de pobreza, hambre, injusticia, desigualdades, analfabetismo, contaminación, etc.-, anunciándose la ampliación del Consejo Nacional de dicha agenda a una mayor participación ciudadana. El neoliberalismo rapaz (que despolitiza, des-democratiza, mercantiliza lo humano, divide y polariza: Eric Fassin dixit) implementado a modo y conveniencia en los últimos años que deja un brutal saldo de pobreza, concentración de la riqueza, clasismo, racismo, corrupción, inseguridad, ineficacia, etc., será reemplazado por políticas públicas humanistas centradas en el bienestar y dignidad de las personas.
Sin embargo, al tiempo que se anuncia una política doméstica sustentada en los derechos humanos, estos no parecen tener la misma prioridad en la externa. En efecto, al ser México el único miembro del Grupo de Lima que no suscribió el desconocimiento de la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro originado en elecciones viciadas y amañadas, no solo se aísla de 13 importantes socios (que incluyen a Canadá), sino que toma partido por el circense dictador tropical y no por los derechos humanos de los venezolanos, y nos contrapone con el difícil gobierno de Trump. El Consejo Permanente de la OEA posteriormente voto favorablemente dicha declaración con la abstención de México. Si bien el presidente justificó la decisión en lo estipulado en el inciso X del artículo 89 de la Constitución, cabe precisar que el problema estriba en la interpretación que se haga de los 8 principios normativos de nuestra política exterior que contiene. Ya en un artículo anterior indiqué que se está haciendo una interpretación equivocada de la Doctrina Estrada y del principio de no intervención (www.eluniversal.com. mx/articulo/walter-astie-burgos/nacion/erronea-interpretacion), y agregaría que, durante la Guerra Fría, dicho principio fue utilizado de forma dogmática y rígida, no tanto para evitar pronunciarse sobre problemas externos, sino para rechazar y descalificar toda crítica a nuestra falta de democracia, violación de derechos humanos, abusos de poder, corrupción, etc. Esa posición contrastó radicalmente con la interpretación inteligente, amplia, humanista, solidaria y audaz de Lázaro Cárdenas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española, destinada a defender valores superiores como la soberanía, la democracia y los derechos humanos. La forma como se está entendiendo ese valioso principio, corresponde más al echeverrismo (que dejó un pésimo saldo en nuestras relaciones externas), que al cardenismo (que escribió un brillante capítulo de política exterior).
En síntesis, en este primer encuentro los funcionarios participantes mostraron tener buen conocimiento de sus áreas y un claro programa de gobierno. Sin embargo, recordemos que a pesar de que los secretarios de estado del gobierno peñista también causaron una magnifica impresión en su primera reunión de embajadores, sus resultados finales fueron calamitosos. La realidad es que nunca es fácil implementar satisfactoria y exitosamente las políticas públicas que se proclaman: del dicho al hecho hay un riesgoso gran trecho. La contradicción en materia de derechos humanos y el desabasto de gasolina son prueba de ello.
Internacionalista, embajador de carrera y académico.