La actual crisis migratoria-humanitaria no es fortuita, sino consecuencia de una crisis mayor en Honduras. Teniendo como trasfondo una historia de dictaduras, de falta de democracia, justicia social y desarrollo económico, el segundo país más pobre del continente (casi 70% de la población vive en pobreza con un ingreso per cápita de 2,900 dólares), finalmente accedió a la democracia formal en los años 80 del siglo pasado. Al concluir la crisis centroamericana de esos años (Honduras albergó a la “contra” creada por la CIA para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua), Washington “propició” la Constitución de 1982 que, para evitar nuevos dictadores (11 presidentes provinieron de golpes militares, el general Tiburcio Carias gobernó 17 años y el coronel Oswaldo López Arellano 11) prohibía la reelección presidencial.
Sin embargo, la oligarquía conformada por las familias de los 215 millonarios que controlan al Partido Nacional, la política, la economía, los medios de comunicación y tienen como aliado al ejército, orquestaron en 2009 un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya del Partido Liberal, que a punta de bayonetas fue expulsado en pijamas a Costa Rica. La justificación fue la sospecha de que modificaría la constitución para reelegirse. Su sustituto golpista Roberto Micheletti no fue reconocido por nadie y Honduras fue expulsada de la OEA. Durante el mandato de sus sucesores del mismo partido, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (apodado JOH), se agudizó la corrupción, la pobreza y la violencia: la esposa del primero fue arrestada por malversación de fondos públicos, uno de sus hijos fue asesinado y otro, al igual que un hermano del actual presidente Hernández, están acusados en EU de narcotráfico. A pesar del escándalo por el criminal desvío de recursos del raquítico seguro social (335 millones de dólares) a la campaña de JOH, arbitrariamente reformó la Constitución para reelegirse: los rivales no podían hacerlo, pero los nacionalistas sí.
La indignada población apoyó mayoritariamente a la “Alianza de Oposición contra la Dictadura” que postuló al presentador de televisión Salvador Nasralla en las elecciones del año pasado: su enorme popularidad no impidió la fraudulenta reelección de JOH, pues increíblemente el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, había sido presidente del Partido Nacional cuando fui embajador en Honduras. La “Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras” de la OEA, acusa a más de 60 diputados de apropiarse fondos destinados a programas sociales. La pobreza de Honduras no solo se debe al subdesarrollo, sino también a la corrupción, latrocinio y codicia que ahogan a la población en la miseria, el hambre y la violencia que la obligan a migrar. Esa prolongada tragedia ha ocurrido ante el desinterés, disimulo o tolerancia de Estados Unidos y México.
En síntesis, las reprobables elites político-empresariales de Centroamérica crean graves problemas sociales y humanos que, aunque los ignoremos, acaban afectándonos. Los desplazamientos forzados que recibimos nos obligan a distraer recursos humanos y materiales que necesitamos para atender nuestros propios problemas, nos ocasionan fricciones con el difícil vecino del Norte, y dividen a nuestra ya de por si polarizada sociedad entre quienes aceptan a los no invitados migrantes, y los que los rechazan. En la reciente XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Guatemala, se refrendó la solidaridad y respeto a los migrantes, pero, como de costumbre, se eludió señalar a los responsables del problema. ¿No es tiempo ya de que las clases dirigentes de Centroamérica –y también de México- proporcionen a sus pueblos una vida digna que evite tengan que migrar?
Internacionalista, embajador de carrera y académico